Impulsan proyecto que endurece multas por venta de vapeadores y cigarrillos a menores
La propuesta de la diputada Lilian Betancurt (PDG) busca aumentar las sanciones para quienes comercialicen, ofrezcan, o distribuyan estos productos a niños o adolescentes.
"Estamos proponiendo que, cuando exista reincidencia, la clausura sea obligatoria. Las reglas deben ser claras y aplicarse de la misma manera en todo el país”, afirmó la legisladora.
Entre las modificaciones propuestas, se destaca elevar las multas generales actuales, que van desde las 3 hasta las 50 UTM, a un rango de 20 a 150 UTM.
La diputada Lilian Betancurt (PDG) impulsa un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por la venta de cigarrillos y dispositivos de vapeo a menores de edad, a través de una modificación a la Ley del Tabaco.
La iniciativa busca fortalecer las herramientas de protección de niños, niñas y adolescentes, aumentando las multas para quienes comercialicen, ofrezcan, distribuyan o entreguen cigarrillos, vapeadores, sistemas electrónicos con o sin nicotina y sus accesorios a menores de 18 años.
Entre las modificaciones propuestas, se destaca elevar las multas generales actuales, que van desde las 3 hasta las 50 UTM, a un rango de 20 a 150 UTM (10 millones de pesos). Para el caso de infractores pertenecientes a la industria, las sanciones aumentan desde 30 a 300 UTM hasta 101 a 500 UTM (36 millones).
"Las multas por sí solas no son suficientes si un establecimiento puede seguir funcionando y comercializando estos productos después de cometer reiteradamente la misma infracción. Por eso estamos proponiendo que, cuando exista reincidencia, la clausura sea obligatoria. Las reglas deben ser claras y aplicarse de la misma manera en todo el país", señaló la parlamentaria por la Región del Biobío.
El proyecto también propone que la clausura deberá aplicarse siempre que exista reincidencia, y contempla un período de entre 15 y 30 días. Asimismo, mantiene la definición vigente de reincidencia, correspondiente a dos o más infracciones cometidas dentro del plazo de un año, contando desde la primera.
La propuesta, además, apunta a terminar con la discrecionalidad en la verificación de edad -que actualmente, por ley, permite que los vendedores soliciten la cédula de identidad cuando tienen dudas sobre la edad del comprador-, estableciendo que los comerciantes deberán exigir el carnet o un documento oficial vigente con fotografía cuando exista esa duda, que no podrán concretar la venta mientras no se acredite la edad mínima legal.
La iniciativa también precisa que las multas establecidas en el numeral 6 del artículo 16 recaerán sobre el titular del establecimiento, mientras que la sanción contemplada en el numeral 13 corresponderá a la persona que materialmente realizó la venta, ofrecimiento, distribución o entrega.