Brunilda González detalló que una acción busca responsabilidades de la empresa y dueños de la mina.
En tanto, la otra iniciativa busca indemnizaciones para los trabajadores.
La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, junto al abogado Edgardo Reinoso interpusieron una querella por 24 de las 33 familias de los mineros atrapados en el yacimiento.
Brunilda González explicó que "esta es una acción directa contra todos quienes resulten responsables, principalmente de la empresa y de aquellos funcionarios públicos que en actitud negligente dejaron de cumplir normativas tan importantes como es la seguridad de nuestros trabajadores".
"Y por otro lado una querella de carácter civil a objeto de buscar medidas indemnizatorias por el daño producido a la vida normal que tenían estos trabajadores antes de quedar atrapados bajo la mina", detalló la alcaldesa.
En tanto, la fiscalía anunció el domingo que interrogará a los dueños de San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, como inculpados en el accidente que le costó una pierna al trabajador Gino Cortés y como testigos, por ahora, en el accidente del pasado 5 de agosto.
