Ascencio: Piñera deberá declarar de oficio por aterrizaje en helicóptero

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Autor: Cooperativa.cl

El diputado DC indicó que el Mandatario será indagado en carácter de testigo.

Andrés Navarro deberá presentarse este lunes ante la Dirección de Aeronáutica Civil.

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El diputado DC Gabriel Ascencio expresó que el Presidente Sebastián Piñera y el empresario Andrés Navarro deberán declarar ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a raíz del polémico aterrizaje forzoso en helicóptero que protagonizaron el sábado pasado.

"PImagenor lo pronto se espera que el lunes próximo declare personalmente Andrés Navarro, eso ya está confirmado. Luego deberá prestar declaración el propio Presidente Piñera, obviamente a través de un oficio, porque es muy importante que él señale, como testigo, las razones por las cuales el helicóptero tuvo que aterrizar", indicó el parlamentario.

En esa línea, Ascencio se mostró confiado en los resultados que arrojará la indagación, puesto que es "seria y acuciosa".

"Ellos tienen un perito técnico que está trabajando el tema, que está en el lugar tomando declaraciones a la gente que pudo haber sido testigo y esperan tener un resultado inicial acerca de las causas técnicas por las cuales ocurrió el aterrizaje forzoso del helicóptero esperan tenerlo la tercera semana de febrero", precisó Ascencio, tras reunirse con el director de Planificación del organismo, Duncan Silva.

Asimismo, sostuvo que la entidad se comprometió a entregarle en los próximos días un documento que contenga los incidentes en los que Piñera y Navarro se han visto involucrados como pilotos, en los últimos 10 años.

Expresó que si el sábado pasado ambos incurrieron en faltas, arriesgarían desde una amonestación hasta la caducidad de la licencia para pilotear aeronaves.

Según el artículo 185 del Código Aeronáutico de Chile, las infracciones que no constituyen delito arriesgan una amonestación escrita, multa de cinco a 500 ingresos mínimos (860.000 a 8.600.000 pesos), suspensión de los permisos o licencias con un plazo de hasta tres años y, en casos graves, su cancelación definitiva.

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