El ejecutivo sostuvo que "no pondrá en peligro la caja de la compañía".
Hemos cumplido "en exceso" lo que el servicio les solicitó, dijo.
César Barros, presidente de La Polar, respondió a los dichos del director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, recalcando que la compañía no devolverá en dinero en efectivo los montos cancelados por sus clientes tras ser sometidos a repactaciones unilaterales.
"Yo 
no sé que segundos pensamientos tuvo entre el jueves y ahora, pero yo no voy a poner en peligro la rentabilidad de la compañía sacrificando su caja", expresó Barros.
El ejecutivo sostuvo que "una quiebra de la compañía significa que los deudores (van) a su situación inicial, es decir, vuelven a Dicom, vuelven a la deuda anterior y se van a tener que entender con juez, no con la compañía".
Además, salió al paso de las supuestas acusaciones de enriquecimiento ilícito en el que caería la compañía sino devuelve el dinero a aquellas personas que pagaron de más para saldar sus deudas, indicando que eso deberá ser probado en tribunales.
"El enriquecimiento ilícito es una figura legal que tendrá que probarla, nosotros la verdad y para ser franco, tuvimos una larguísima reunión con Juan Peribonio en la cual nos puso una serie de condiciones entre las cuales no estaba devolver el dinero", señaló César Barros.
La máxima cabeza de La Polar indicó que "todas las condiciones que él nos pidió en esa reunión no sólo las cumplimos, sino que las cumplimos en exceso".
Fiscalía interroga a ex ejecutivos
Paralelamente, José Morales, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, interrogó al director Manuel Francisco Gana y está a la espera de hacer lo propio con el ex presidente Pablo Alcalde.
Por su parte, la abogada Bárbara Salinas, quien representa a cerca de 35 accionistas minoritarios de La Polar, valoró la medida de la compañía de querellarse contra los eventuales responsables del fraude.
"Nos parece que es un muy buen síntoma partiendo de la base que bajo esta nueva administración lo que se busca es transparentar la situación al interior de la compañía y perseguir los mismos objetivos que persiguen nuestros representados en el sentido de establecer las responsabilidades que tuvieron los directores y ejecutivos de la compañía en este fraude organizado", señaló la jurista.
En tanto se confirmó que Alcalde será representado en la Justicia por Jorge Bofill, mientras que la compañía auditora PriceWaterHouse Coopers contrató los servicios del estudio de Pablo Rodríguez Grez en el ámbito civil y a Hugo Rivera en el plano penal.
