Giovanni Calderón criticó la "politización" del proceso que perjudicará a la región.
El Consejo Minero puso en duda la competencia técnica de la Corte Suprema.
El diputado UDI por Atacama Giovanni Calderón criticó el fallo de la Corte Suprema que paralizó el proyecto de la central termoeléctrica Castilla, al declarar ilegal el estudio de impacto ambiental presentado por las empresas MPX y E.ON, que separaba la central en sí del puerto que se iba a habilitar en Totoral para facilitar la llegada del diesel y del carbón a la zona.
"Yo lamento la politización que se hizo de este tema, porque se trata de un tema fundamental, como es la generación de energía para el desarrollo del país y, particularmente, para el desarrollo de la Región de Atacama", dijo Calderón, que representa en el Congreso a las comunas de Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar.
Según apuntó el parlamentario, Atacama "tiene muchos proyectos que requieren de mucha energía, como son los proyectos mineros, y por lo tanto, esto (el fallo judicial) puede significar un estancamiento del desarrollo de la región".
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| Calderón destacó que en Atacama son numerosos los proyectos mineros que requieren de nuevas fuentes de energía. (Foto: UPI) |
Una opinión contraria expresó la senadora socialista Isabel Allende, que señaló que con esta resolución "la Corte Suprema ha mostrado su autonomía".
"Éste es un proceso que -lo dijimos desde un inicio- está lleno de vicios, presiones y distorsiones. Nos alegra que la Corte Suprema decida que éste es un solo proyecto, y no (haya aceptado) la triquiñuela de haber separado el puerto con el proyecto en sí mismo", indicó Allende.
Críticas de la industriaTras la decisión del máximo tribunal, las empresas impulsoras del proyecto anunciaron que iban a "reevaluar su estrategia de negocios en Chile".
El proyecto Castilla llevaba cuatro años de tramitación en medio de un fuerte rechazo de los habitantes de la zona y de grupos ambientalistas. Era considerado el segundo megaproyecto energético más importante del país tras HidroAysén, con una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares.
Al igual como ocurrió cuando Colbún decidió paralizar la tramitación ambiental de la línea de transmisión de HidroAysén, la industria acusó falta de una normativa clara, lo que -a su juicio- dificulta la realización de proyectos de envergadura al poner incertidumbre para la inversión.
"Queremos invertir, pero dígannos cuáles son las reglas; si tengo que aprobar esto medioambientalmente, cuáles son las reglas", dijo Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
"Las empresas se pasan cinco años para obtener un permiso medioambiental ante las autoridades técnicas, pero llega un tribunal de Justicia y le echa abajo esa autorización; un tribunal de Justicia que normalmente no conoce ni tiene las competencias técnicas que se supone que sí tienen los organismos que aprobaron las resolución ambiental", añadió Villarino.
El ejecutivo apuntó además qe "al no existir (Castilla, en Chile) va a haber una energía más cara, más contaminante, y eso va a hacer que Chile sea menos competitivo".
El futuro del proyectoSobre el futuro definitivo de Castilla, "en este momento la pelota la tiene la empresa para definir si va a presentar o no su nuevo proyecto", comentó, en tanto, el abogado Ignacio Poblete, quien negoció con la empresa brasileña MPX en representación de un grupo de pescadores de Caldera sobre posibles compensaciones.
Con el fallo de la Suprema, dichas compensaciones quedan suspendidas. De todos modos, Poblete dijo que esto los deja "satisfechos en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedades que siempre manifestaron, durante todo este proceso, y que por motivos de acuerdo llegan a una solución entre comillas parcial, porque siempre se supeditó esto al fallo de la corte, que en definitiva resolvió ella", señaló.
