Se les investiga por pagos para que el Senado aprobara en el 2000 una polémica reforma laboral.
Se trata del segundo juicio contra un mandatario argentino de la democracia.
El ex presidente argentino Fernando de la Rúa y otros siete acusados afrontarán desde este martes un juicio oral por su presunta responsabilidad en un caso de sobornos para que el Senado aprobara en el 2000 una polémica reforma laboral.
Se trata del segundo juicio contra un mandatario argentino de la democracia tras el proceso que se siguió a Carlos Menem (1989-1999) por el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que el ex presidente resultó absuelto.
Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, del Tribunal Oral Federal 3 de Buenos Aires, someterán a juicio, además de a De la Rúa (1999-2001), a otros siete acusados, antiguos funcionarios y legisladores, todos acusados por cohecho.
Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.
Entre ellos están quien fuera director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto) Fernando de Santibáñez y el exministro de Trabajo Alberto Flamarique, así como el entonces secretario parlamentario Mario Pontaquarto, que confesó haber llevado en un maletín el dinero de los sobornos.
También serán sometidos a juicio los ex senadores del Partido Justicialista (PJ, peronista) Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
No afrontarán el juicio oral otros dos ex senadores acusados en esta causa, el peronista Emilio Cantarero, por su estado de salud, y el radical José Genoud, que se suicidó en 2008.
De la Rúa, Flamarique, De Santibañes y Pontaquarto están acusados de cometer el delito de "cohecho" por presuntamente haber pagado los sobornos, mientras por los ex senadores afrontan cargos por el mismo hecho pero por el supuesto cobro de las dádivas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires consideró en 2009 que el pago de sobornos en el Senado en 2000 para aprobar una reforma laboral "fue un acto del Gobierno liderado por Fernando de la Rúa como presidente".
