Así lo anunció Sabas Chahuán, jefe del Ministerio Público, tras reunirse con los diputados que indagaron el tema.
Los parlamentarios resaltaron el vínculo de autoridades de Gobierno con los planteles que infringen la ley.
El Ministerio Público va a encargar a uno de sus fiscales que investigue con dedicación preferente el lucro en las universidades.
Así lo anunció este miércoles el fiscal nacional, Sabas Chahuán, tras recibir en dependencias del Ministerio Público a cuatro diputados miembros de la comisión investigadora que indagó el tema, y que concluyó que al menos siete universidades y un instituto profesional infringen la ley que les permite obtener utilidades de su actividad.
Chahuán se reunió por alrededor de 30 minutos con los PPD Cristina Girardi y Rodrigo González, el DC Mario Venegas y la presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda (PRI), quienes le entregaron los antecedentes recabados durante los siete meses de trabajo de la instancia parlamentaria.
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| Chahuán justificó la decisión apelando a la "magnitud de los eventuales delitos a investigar". (Foto: UPI) |
"Acabo de recibir la denuncia, y como está hecha en la Fiscalía Nacional, vamos a hacer un estudio para ver cuál fiscalía es competente. A la brevedad posible se va a enviar, para que se genere un RUC, como se llama (Rol Único de Causa), y se designe un fiscal", dijo Chahuán al término del encuentro.
"Por la magnitud de los eventuales delitos que se puedan configurar, creo que debería ser a lo menos un fiscal preferente a esta causa, y para ello hablaré con el fiscal regional que corresponda a la investigación, diciéndole que designe un fiscal con esa categoría", explicó, evitando comprometerse con plazos.
La comisión investigadora identificó en sus conclusiones los distintos métodos que tienen los planteles para ocultar el lucro, y apuntó abiertamente a la Universidad de las Américas, Universidad Andrés Bello, Universidad Viña del Mar e instituto AIEP (pertenecientes al grupo Laureates International Universities); la Universidad Santo Tomás (controlada por el fondo de inversiones Linzor Capital), la Uniacc (comprada por el grupo Apollo), la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar como los planteles infractores de la ley.
Tras la reunión con Chahuán, el diputado Mario Venegas recordó la relación que tienen algunas de estas instituciones con ministros del Gobierno, donde hay un claro "conflicto de interés".
"La opinión pública sabe que hay ministros de Estado que tienen participación o han tenido participación en universidades. El país necesita saber qué ocurrió: a quién vendieron, a cuánto vendieron, cómo vendieron. Por ejemplo el ministro Lavín, el ministro Larroulet y el ministro de Justicia (Teodoro Ribera); es sabido que es dueño de una de las más importantes universidades, y no sabemos la situación actual que tienen en esta materia", dijo Venegas.
