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Francisco Javier "Fra Fra" Errázuriz no llegó a audiencia por "problemas médicos"

El empresario se internó en la Clínica de la Universidad Católica.

El tribunal fijó para el 14 de noviembre una nueva instancia de formalización.

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El ex senador y empresario Francisco Javier "Fra Fra" Errázuriz no llegó a la audiencia de formalización por trata de personas y tráfico de inmigrantes que se desarrollaría este lunes en el Tribunal de Garantía de Pichilemi por "problemas médicos".

El eImagenmpresario, según su abogado Mauricio Daza, adujo problemas cardíacos por lo que se internó en la Unidad de Alta Complejidad de la Clínica de la Universidad Católica en la capital.

En vista de ello, el Tribunal de Garantía de Pichilemu fijó para el 14 de noviembre una nueva audiencia para Errázuriz. Por su parte, se desarrolló la instancia contra los otros acusados, el paraguayo Blas Cardozo y la abogada del ex candidato presidencial, María Paz Guerra.

Horas antes, su hijo Francisco Javier Ovalle sostuvo que las acusaciones en contra de su padre por tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas no tienen sustento y reafirmó que se trata de una persecución política.

Según Errázuriz Ovalle, se busca "tratar de meter preso a gente que piensa distinto al Gobierno en este país, lo encontramos de muy mal tono que los fiscales intenten hacer publicidad a su propia persona por casos que no tienen ningún sustento real".

"Si fuera el fiscal (Luis) Toledo una persona seria, estaría preocupado de más de 100 paraguayos que están en Chile trabajando en las mismas condiciones que los anteriores paraguayos. Nos sorprende que se nos digan cosas aberrantes", agregó.

Por su parte, la Fiscalía Regional de O'Higgins pedirá la prisión preventiva para el empresario, quien es acusado de cometer ilícitos junto a su abogada María Paz Guerra y el ciudadano paraguayo Blas Cardozo.

Para el fiscal Luis Toledo, a Francisco Javier Errázuriz se le acusará de "tráfico ilícito de inmigrantes, de mayores y menores de edad, y trata de personas para fines de explotación laboral de mayores y menores de edad, es un total de 162 personas ingresadas a contar del 8 de abril a nuestro país de manera ilegal y con ánimo de lucro, para que 50 de ellas sean explotadas en los fundos del señor Errázuriz".

En vista de ello, la prisión preventiva se justifica "en una serie de antecedentes que nos permiten llegar a la convicción de poder informarle al tribunal y al imputado los hechos investigados".

En caso de que los tribunales declaren culpable al empresario por los delitos investigados, arriesga 10 años de cárcel.

 

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