También están en la mira el albacea Oscar Aitken y ex altos directivos del Banco de Chile.
El magistrado dio 10 días par pagar una fianza de 77 millones de dólares a los imputados.
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| La familia Pinochet está otra vez en la mira de la Justicia. |
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quiere interrogar a la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, y a su abogado y albacea, Oscar Aitken, por el delito de blanqueo de dineros en conexión con otro de alzamiento de bienes.
Junto con ello, también pretende interrogar a dos de los máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York.
La información fue publicada por el diario El País, y señala que el magistrado, a propuesta de la Fundación Española Presidente Allende y apoyado por el fiscal Vicente González Mota, fijó una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77.348.374 dólares (más de 38.155 millones de pesos) para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.
En la resolución, el juez dio 10 días a los imputados y a los bancos, considerados responsables civiles subsidiarios, para que presten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares.
Todo ello totalizaría más de 100 millones de dólares, con lo cual Garzón trata de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.
Viaje a Chile en carpetaEl proceso se inició el 16 de octubre de 1998 cuando el magistrado admitió la querella contra el ex dictador (fallecido en diciembre de 2006) por delitos de genocidio, terrorismo y torturas por la ideación y puesta en marcha del Plan Cóndor, como se conoció la estrategia de ayuda entre las dictaduras de la región.
Garzón acordó también cursar una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados de los citados delitos. El magistrado español pretende viajar a Chile, junto con la comisión judicial correspondiente, para participar en esa toma de declaraciones de los acusados.
