El Ministerio Público busca acceder a los antecedentes confidenciales del proceso.
"Está actuando en forma ilegal", aseguró "responsablemente" el fiscal económico, Felipe Irarrázabal.
La colusión del papel tissue ha significado un nuevo golpe para la credibilidad del empresariado en Chile.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur realizaron este martes sus alegatos frente al Tribunal Constitucional para que éste dirima la contienda de competencia suscitada entre ambas entidades a propósito del caso de la "colusión del confort".
La controversia surgió a raíz de la intención del Ministerio Público de iniciar una investigación sobre los ilícitos que involucran a las papeleras CMPC y SCA y, en pos de dicho fin, acceder a la información confidencial del proceso llevado adelante por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
El TDLC argumenta que si esto se permite, es probable que información reservada se haga pública, afectando al mercado del papel tissue. Con esto alude a las numerosas filtraciones a la prensa que se han registrado en procesos de connotación pública llevados adelante por la Fiscalía, como el "caso bombas 2", Penta, SQM y Caval.
Javier Tapia, abogado que representó al TDLC, dijo que éste hizo "entrega (al Ministerio Público) de los mismos antecedentes que están a disposición de todas las partes y a disposición de nosotros mismos. Es decir, lo que hicimos fue poner algo que, por la propia ley, se estima como suficiente para proteger derechos de parte de terceros".
FNE advierte "actuación ilegal"
Poniéndose de este mismo lado, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, argumentó que, hasta ahora, "nunca ha nadie ha osado poner en duda la confidencialidad que se requiere en un trabajo como éste, de regulación económica".
"Pido que esta contienda de competencia se resuelva a favor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que se declare –lo digo responsablemente- que el Ministerio Público está actuando en forma ilegal. El Ministerio Público debe seguir su investigación con las versiones públicas que les va a proveer, a tiempo, el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Económica", dijo Irarrázabal frente a los ministros.
En la misma línea, el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, que representó a SCA, destacó que en el proceso "hay información de mercado relevante: costos, estrategias de marca, proveedores, márgenes; en fin, una cantidad de información que, en manos de la competencia, obviamente puede ser muy delicada".
"Ésa es la razón por la cual la ley establece la confidencialidad de estas informaciones", dijo el jurista.
Igualdad ante la ley
Por la contraparte expuso el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, quien apeló a la igualdad ante la ley y señaló que "en ningún caso puede entenderse" que la petición de la Fiscalía "modifique, extinga los efectos o estados de las cosas que ha dispuesto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia".
"El sólo hecho de requerir antecedentes o información no implica la modificación de lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ni tampoco tal solicitud puede entenderse como la exigencia o imposición de una conducta opuesta a lo que ha dispuesto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el ejercicio de su propia potestad o en el uso de sus atribuciones, ni mucho menos que vaya en una actuación en contra de la ley", dijo el fiscal Guzmán.
Una vez finalizados los alegatos, el persecutor destacó ante la prensa que en la sesión "se ha hablado del mundo de los negocios, del mundo penal y del mundo privado, donde lo que se pretende simplemente es proteger un mecanismo de investigación, que es la delación compensada, y no dar a conocer a la comunidad quiénes han participado de estos hechos".
"En las investigaciones penales comunes y corrientes, en las investigaciones de los delitos comunes, las investigaciones de delitos graves y calificados, como ocurre en la Ley de Drogas, todo el mundo da sus versiones. Debemos mantener ese principio de igualdad en todos los ámbitos", señaló Guzmán.
Frente al TC también argumentaron los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC) a favor de la postura de la Fiscalía.
El Tribunal Constitucional tiene ahora 10 días hábiles para resolver esta contienda de competencia, que en caso de ser desechada, pasará a manos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que deberá resolver el destino de la causa.
