"Nos parece un trato privilegiado a un sector social", sostuvo Jorge Abbott.
Afirmó que "es paradojal que la FNE, que persigue los monopolios, pretenda y reclame para sí el monopolio de la acción penal".
El proyecto ya terminó su tramitación legislativa así que la ley quedó en condiciones de ser promulgada.
Este miércoles fue despachado por el Congreso el proyecto que establece sanciones penales a los delitos de colusión, el denominado proyecto anticolusión, tras lo cual el fiscal nacional Jorge Abbott cuestionó la norma que establece la exclusividad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para seguir la persecución penal de este tipo de casos.
La ley que entre otras cosas repuso la pena de cárcel para el delito de colusión que había sido eliminada el 2003, estaba priorizada para ser despachada en la legislatura del año pasado, pero se entrampó durante meses por las competencias de la FNE y el Ministerio Público.
Al final, el Congreso decidió por amplia mayoría que la primera investigación la realice la FNE y una vez que obtenga del TDLC una condena sancionatoria, el fiscal deberá ponderar la gravedad de la sentencia y podrá presentar una querella para que ahí recién se abra un proceso penal en el que intervenga el Ministerio Público y, eventualmente, se logre enviar a la cárcel a los coludidos.
Abbott consideró esto un privilegio para un sector social, que se estima es el que puede coludirse económicamente.
"Nos parece que naturalmente ese tipo de delito debiera ser conocido por el órgano que constitucionalmente está llamado a investigar todos los hechos que son constitutivos de delito y consecuente a esa excepción que hace excepción a la regla general, nos parece un trato privilegiado a un sector social", sostuvo el fiscal nacional.
Indicó que "lo que hace es enviar una señal muy equivocada a la población".
"Es paradojal que la Fiscalía Nacional Económica, que persigue los monopolios, pretenda y reclame para sí el monopolio de la acción penal", cuestionó.
El proyecto ya terminó su tramitación legislativa así que la ley quedó en condiciones de ser promulgada, la cual establece una pena de hasta 10 años de cárcel, y al menos 1 año de cumplimiento efectivo y también aumenta las multas al doble de la ganancia o al 30 por ciento de las ventas por cada año de la comisión del delito.
