El ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso énfasis en la agenda tributaria que promueve el Gobierno, y las medidas contra la evasión de impuestos que contempla, ante el revuelo causado por el mega fraude fiscal que tiene a 55 empresarios detenidos e involucra más de 240 millones de pesos, que fue destapado en la víspera y es considerado el más grande de la historia de Chile.
La trama implica a más de 100 empresas, las que -en algunos casos- operaban desde el 2015 emitiendo "facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas"; lo que fue confirmado con la detección de cerca de 100 mil facturas falsas por más de 3.300 contribuyentes para defraudar al Fisco, de acuerdo con las primeras diligencias.
Los recursos defraudados equivalen a la construcción de 25 centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad o más de 15 liceos: "Esto nos da una idea de la magnitud del abuso cometido por esas personas", subrayó Marcel.
En ese sentido, apuntó al informe "Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el Impuesto de Primera Categoría", divulgado la semana pasada por el Servicio de Impuestos Internos: abarcando los años 2018, 2019 y 2020, reportó -entre otros datos- que el incumplimiento de las empresas respecto al impuesto corporativo alcanzó el 51,4%.
"Es importante que reconozcamos esta realidad", expresó el ministro, que ante ello remarcó la relevancia de avanzar en el pacto fiscal para que "entreguemos a los fiscalizadores, al SII, al Servicio Nacional de Aduanas, las herramientas operacionales y legales para poder actuar con mayor eficacia".
Dentro de esa agenda, cuyo borrador fue entregado el martes a los partidos, "se han propuesto una serie de medidas destinadas a elevar el cumplimiento tributario y luchar contra la evasión de impuestos: estos incluyen, entre otras cosas, la figura del denunciante anónimo, de la colaboración eficaz y el aumento de las penas, entre otras cosas, para la emisión de facturas falsas", detalló.
"Por lo tanto, tenemos a la mano la posibilidad de dotar a esos servicios de estas capacidades y luchar contra quienes evaden impuestos. Esto significa al mismo tiempo respaldar y hacer justicia con las personas que cumplen habitualmente con sus obligaciones tributarias", reforzó Marcel.
En ese contexto, debemos "tomar conciencia del enorme daño social que representa el fraude tributario y actuar con decisión para dotar a las instituciones fiscalizadoras de los instrumentos que requieren para cumplir de mejor manera con su labor", sentenció.
