Rechazan el recorte de recursos presentados en el veto presidencial.
Autoridades dicen que pueden haber cupos mal distribuidos.
Los trabajadores afectados por el recorte de recursos para planes de emergencia en la Región del Biobio anunciaron movilizaciones, mientras que la oposición aseguró que las irregularidades que denuncia la ministra Evelyn Matthei son culpa del Gobierno.
Los trabajadores, que llevan 14 a 15 años con un sueldo mínimo -principalmente, jefas de hogar, mayores de 45 años y con baja escolaridad- viajaron hasta Valparaíso para presenciar la votación en el Congreso del veto presidencial que recortaba recursos para los empleos de emergencia.
Los dirigentes, que representan a 15 mil trabajadores de la región del Biobio, de las comunas de Lota, Coronel, Curanilahue y Lebu, salieron decepcionados con el resultado ya que, según el vocero Juan Carlos Tapia, estas personas dependen de estos planes. Por este motivo, Tapia junto al coordinador regional, Juan Carlos San Martín, anunciaron movilizaciones para los próximos días.
"Lamentablemente con el veto que envío el Presidente (Sebastián Piñera) a la cámara, en definitiva perdimos nosotros estas cuatro indicaciones que ya habían sido aprobadas por el Parlamento. Es un descontento que seguramente lo vamos a traducir en movilizaciones en todas las comunas de la región", indicó Tapia.
San Martín agregó que "esperábamos que el Gobierno pudiera echar pie atrás con todo lo que está haciendo, sabiendo que la región está en una extrema pobreza. Hemos perdido esta batalla, pero la guerra no la hemos perdido. Obviamente, la pelea la vamos a dar en la calle porque este Gobierno no quiso escuchar".
El Gobierno decide quiénes trabajan y la administración de las platas
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, defendió el veto presidencial que recorta recursos para los planes de emergencia argumentando que se cometen irregularidades y favores políticos, frente a lo que los afectados aseguraron que la fiscalización está en manos del ejecutivo y que es quien determina quiénes son beneficiados por dichos programas.
El diputado Manuel Monsalve (PS) declaró que "la decisión de quienes trabajan y cómo se administran las platas no es de los trabajadores. Quienes deciden quiénes trabajan en los planes de empleo son los organismos públicos ligados al Gobierno, como la Seremi del Trabajo".
Mientras que "la administración de las platas corresponde a organismos ejecutores, en algunos casos de municipios y en otros corporaciones. Quien elige la entidad administradora es el Gobierno, por lo que le devuelvo la pregunta a la ministra del Trabajo".
Monsalve indicó que fue él quien, en conjunto con los trabajadores, ingresó en octubre pasado una solicitud a la contraloría regional para fiscalizar las eventuales irregularidades.
¿Cupos mal distribuidos?
Una de las comunas más afectados por el recorte de los planes de emergencia es Lebu, donde son 900 las personas beneficiadas y donde se concentran las denuncias de mal uso.
El alcalde Cristián Peña analizó el tema en el concejo municipal, tras lo cual aseguró que la ministra Matthei está "equivocada". Si bien no niega que hayan existido irregularidades, el edil asegura que se trata de casos aislados y que la mayoría es gente honesta que necesita de apoyo estatal.
"Siempre hemos pedido al Gobierno que tenga una mirada especial con esta provincia y la verdad es que ésta no es la mirada que esperamos. Creo que la ministra está desinformada, se dejó llevar por un programa de televisión que mostró solo una cara de la moneda, ya que hay gente bastante esforzada en estos programas", detalló Tapia.
Agregó que "dentro de 900 cupos pueden haber algunos que estén mal distribuidos. Invito al Gobierno que haga un análisis familia por familia y que quienes no se merecen estos cupos los puedan reemplazar".
Intendente: "El Gobierno no está para tener empresas"
El intendente Victor Lobos reafirmó que hay mal uso en los programas y que por lo mismo esperan la colaboración de los dirigentes para denunciar estos hechos.
"Dentro de los 15 proempleos que hay en la región, hay gente que tiene dos pensiones, que han mal usado su nombre, que lo han prestado y no van a trabajar. Le he planteado a los trabajadores que el Gobierno, consciente de que hay que mantener la ayuda a quienes se lo merecen, tienen que ayudarnos a denunciar a la gente que hace mal uso de este programa.
Concluyó que "el proempleo no puede tener las características de una empresa estatal que tiene 15 mil trabajadores. El Gobierno no está para tener empresas".
El seremi de Gobierno, Oscar Aliaga, asegura que quienes necesiten de apoyo estatal continuarán con sus puestos de trabajo, pero que no deben asumirlo como una situación permanente, pues la idea es que sean capacitados para obtener mejores empleos y mayores salarios.
