Los juristas exigen que el mandatario sea procesado por el asesinato de Rodrigo Rosenberg.
Aseguraron que no pretenden desestabilizar al Gobierno.
En representación del denominado "Movimiento Cívico", un grupo de abogados entregó este lunes al Parlamento una petición respaldada por más de 35 mil firmas, que pide despojar al presidente de Guatemala, Alvaro Colom de su inmunidad y que sea procesado por el asesinato, el pasado 10 de mayo, del abogado Rodrigo Rosenberg.
El organismo aseguró que no responden a ningún interés partidista, que no tienen dirigentes, ni pretenden desestabilizar al Gobierno.
"Somos un movimiento espontáneo surgido de la necesidad ciudadana de manifestarnos en contra de la violencia, la impunidad y la corrupción. No queremos derrocar al Gobierno, ni estamos conspirando en su contra. Solo queremos que se haga justicia", dijo Luis Pedro Alvarez, uno de los abogados que presentó la petición.
Desde el martes pasado, días después de que saliera a la luz un video grabado en vida por Rosenberg, en el que responsabiliza de su asesinato al mandatario, su esposa Sandra Torres, y su secretario privado, Gustavo Alejos, miles de personas empezaron a manifestarse, primero para exigir justicia por ese crimen, y luego para pedir la renuncia del mandatario.
"Tenemos toda la autoridad moral de hacer esta exigencia. Todo lo hacemos en el ámbito de la legalidad y el Estado de Derecho. No es ningún linchamiento político, solo una exigencia de justicia", explicó Alvarez.
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| Rosenberg responsabilizó al presidente Colom de su muerte. (Foto: EFE) |
El presidente del Parlamento, Roberto Alejos, se comprometió a convocar este mismo lunes a los jefes de los bloques legislativos para informarles de la solicitud "y establecer la fecha en que será conocida por el pleno".
"El pleno del Congreso es el que tiene la última palabra respecto a esta petición. Las decisiones son colegiadas y ningún diputado puede tener injerencia en lo que se debe hacer", declaró Alejos.
El proceso para que el presidente sea despojado de la inmunidad lo debe iniciar la Fiscalía que, basada en justificadas presunciones de delitos, tiene que pedir a un juez penal abrir una causa de "ante-juicio".
El juez se limita a trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez lo envía al Parlamento, cuyo pleno tendría que iniciar un "juicio político" en contra del mandatario, en el que decide si despoja o no de la inmunidad al Jefe de Estado.
