La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la "criminalización de la disidencia en Nicaragua", con generalizados encarcelamientos de líderes de la oposición y activistas "en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU".
La ex presidenta señaló en un comunicado que estos arrestos "dificultan claramente la creación del entorno propicio para mantener el diálogo genuino e inclusivo que el Gobierno dice querer" y pidió "una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas".
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige Bachelet recordó que en los últimos seis meses cientos de personas, entre ellas líderes campesinos, estudiantes, expolíticos, periodistas y activistas de la sociedad civil han sido arrestados y recluidos en prisión preventiva en relación con el supuesto papel que jugaron durante las protestas entre abril y julio de 2018.
Entre los condenados en las últimas semanas el organismo recordó los casos del líder estudiantil Jonathan López, sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel, o los de los activistas campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a los que los tribunales impusieron penas de 216 y a 210 años de prisión respectivamente.
"Es un principio fundamental de la democracia que personas de todos los sectores de la sociedad puedan participar libremente en el debate sobre el futuro de su país, sin temor a ser arrestados o intimidados", recordó Bachelet.
Su declaración se produce en los días previos al inicio de la 40° sesión del Consejo de Derechos Humanos, a la que asistirán altos cargos de 90 gobiernos y organizaciones internacionales, y en la que la situación en Nicaragua será uno de los muchos temas que se tratarán durante las tres semanas de reuniones.
