La justicia investiga presuntas irregularidades en una empresa gestora hotelera de la que la ex presidenta es accionista.
Ejecutivo pidió revisar declaraciones patrimoniales de la ex presidenta, en busca de "omisiones e inconsistencias".
El juez federal argentino Daniel Rafecas aceptó este miércoles que la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina se sume como querellante en la causa Hotesur, que investiga presuntas irregularidades en una empresa gestora hotelera de la que la ex presidenta Cristina Fernández es accionista.
Fuentes judiciales explicaron a EFE que esta decisión "es lo que marca la ley", ya que la OA, que depende del Ministerio de Justicia, es el organismo del poder Ejecutivo que por ley tiene encomendada la tarea de hacer seguimiento de causas que involucran a funcionarios públicos.
"De modo tal que la petición fue aceptada", aseveraron.
El organismo realizó el pasado 31 de marzo una presentación ante el Juzgado Federal 3 para ser parte en la causa caratulada como "Fernández de Kirchner Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", más conocida como "Hotesur".
Para la OA es relevante ser querellante porque se investiga "la eventual responsabilidad" de una ex jefa de Estado y de otros altos cargos, como el ex ministro de Justicia kirchnerista Julio Alak y funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Este ente presuntamente permitió a Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, permanecer sin presentar los balances contables obligatorios entre 2011 y 2013, así como no registrar ningún documento societario relativo a la integración de los órganos directivos de la sociedad.
La Oficina remarcó también que Cristina Fernández "justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado", según transmitió el organismo en un comunicado.
La investigación también abarca relaciones "aparentemente comerciales pero supuestamente ilícitas" entre la familia Kirchner y empresarios afines, como Cristóbal López y Lázaro Báez, que también están en involucrado en otras causas.
No obstante, la OA pidió revisar las declaraciones patrimoniales juradas de la ex presidenta, en busca de "omisiones e inconsistencias" entre 2011 y 2013, con relación a cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate" y una deuda con Hotesur.
