Fernández expresó su solidaridad con la vicepresidenta "sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta".
"Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado", remarcó.
El tribunal condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
La expresidenta dijo que es "la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos".
El tribunal además la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fernández ha denunciado en numerosas ocasiones que la sentencia contra ella "estaba escrita".
Esta tarde se leerá el veredicto en el caso en el que se la acusa junto a otros 12 imputados de presunta corrupción en sus dos períodos como presidenta.
Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que la Fiscalía pide 12 años de cárcel.
La vicepresidenta está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
Hay otras 12 personas imputadas por estos hechos, quienes también arriesgan penas de cárcel.
Alberto Fernández apuntó contra jueces y empresarios por una presunta trama de cohecho.
La denuncia se da a horas de que la Justicia dicte sentencia en el resonado juicio por supuesta corrupción a la vicepresidenta.
Para la vicepresidenta argentina, los fiscales del caso de irregularidades en la concesión de obra pública en su contra "se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho".
El supuesto "pelotón" se formó para "estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación" en este, afirmó la imputada.
"Esos presuntos indignados que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno", afirmó la vicepresidenta argentina.
En su primera aparición en un escenario con público desde que sufrió el ataque, señaló que ellos "recibían millones de pesos para hacer eso".
La resolución explica que "no existen riesgos procesales" que permitan mantener su privación de libertad.
En esta causa relacionada a la vicepresidenta argentina se indagan los delitos de incitación a la violencia y amenazas a políticos.
"Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas", manifestó.
Con esta alza, los precios de las mutuas médicas habrían registrado un salto interanual del 114 por ciento, destacó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
A estos sujetos se les imputan delitos de incitación a la violencia.
Uno de los detenidos señaló en un video, realizado previo al atentado que sufrió la exmandataria, que tenía la idea de infiltrarse para hacerla pasar a la "historia".
Los investigadores descubrieron 119 archivos de este tipo en el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, según la fiscal Daniela Dupuy.
Esta acusación se tramita en una causa diferente a la del ataque a la vicepresidenta, y deberá ser aceptada o rechazada por el juez.
"No solamente los autores materiales deben ser investigados, sino también quienes estuvieron alrededor de la vicepresidenta y manipularon todo tipo de evidencia", aseguró Gregorio Dalbón.
Además, deslizó que es "necesario" indagar, a su juicio, quien "financió el hecho, al círculo rojo y a quién le interesaría la muerte de la vicepresidenta".
A Fernando Sabag Montiel -acusado de ser quien disparó- y Brenda Uliarte, la novia del atacante, se les suma Nicolás Carrizo y Agustina Díaz como "partícipes secundarios".
Ambos quedaron en prisión preventiva y se les dictó el embargo por 100 millones de pesos argentinos a cada uno.
