Ocho años de cárcel para implicado en supuesto complot contra Evo Morales

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Autor: Cooperativa.cl

Ignacio Villa Vargas fue acusado de participar en un intento de asesinato del Presidente.

El condenado por delito de complicidad en terrorismo reconoció su culpabilidad.

Ocho años de cárcel para implicado en supuesto complot contra Evo Morales
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Según el fiscal, esta sentencia demuestra la hipótesis de un movimiento separatista.

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Un tribunal boliviano condenó este viernes a ocho años de prisión a uno de los implicados en el supuesto plan para asesinar al presidente Evo Morales y lograr la secesión de la rica región de Santa Cruz (este de Bolivia) en 2009.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz impuso la condena a Ignacio Villa Vargas, apodado "El Viejo", en el marco del caso conocido como "Terrorismo I", según un comunicado de la Fiscalía.

La sentencia fue posible porque Villa Vargas, condenado por el delito de complicidad en terrorismo, decidió acogerse a un procedimiento abreviado, tras reconocer su culpabilidad.

Según Guerrero, la sentencia demostró la hipótesis de la Fiscalía de que existía un movimiento separatista en la ciudad de Santa Cruz, "que motivó una serie de actos ilícitos, entre ellos, el atentado explosivo contra la casa del cardenal Julio Terrazas", en 2009.

El "caso terrorismo" estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó un operativo en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de integrar una célula terrorista que supuestamente buscaba la secesión de la región cruceña y atentar contra Morales.

Las autoridades enjuician a un total de 39 personas, entre ellos a varios líderes políticos y empresariales de Santa Cruz, pero el juicio ha sufrido varios precances desde su inicio, lo que ha retrasado el avance del proceso para todos los acusados.

La oposición sostuvo que todo el plan fue un montaje del Gobierno para vincular a lideres autonomistas de Santa Cruz con delitos de terrorismo con el fin de perjudicarlos políticamente.

El principal fiscal acusador del caso, Marcelo Soza, renunció a su cargo y en marzo del año pasado se fugó a Brasil, donde pidió refugio político, tras haber sido acusado de actos de corrupción por la oposición y el oficialismo.

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