Fiscalía boliviana pidió autorización para enjuiciar al ex presidente Carlos Mesa

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| Periodista Digital: EFE

Ex mandatario es investigado por "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes".

Fiscalía boliviana pidió autorización para enjuiciar al ex presidente Carlos Mesa
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Carlos Mesa actualmente es portavoz de la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

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La Fiscalía boliviana solicitó al máximo tribunal de justicia del país la autorización para juzgar al ex presidente Carlos Mesa por un fallo internacional que obligó al Estado a pagar una multa millonaria por revertir una concesión a una empresa minera chilena cuando era gobernante.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó la tarde de este lunes ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, el "requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Mesa" dentro del caso conocido como Quiborax.

La Fiscalía tenía un plazo de 30 días, que concluyó hoy lunes, para pronunciarse sobre una solicitud de la Procuraduría General del Estado para investigar a Mesa y a tres ex ministros de su gestión por los supuestos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".

Según Guerrero, en estos 30 días el Ministerio Público acumuló "antecedentes" sobre el caso, mediante la toma de declaraciones informativas a ex autoridades de la Procuraduría.

Mesa también fue convocado a declarar, pero resolvió presentar tres memoriales y evitó responder las consultas de Guerrero, según un comunicado del Ministerio Público.

Antecedentes

El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa.

Estas firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una entidad dependiente del Banco Mundial, que a finales de mayo cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.

En junio pasado, el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares (casi 28 mil millones de pesos) a las empresas chilenas.

El Gobierno de Morales ha apuntado a Mesa como responsable del fallo adverso al Estado argumentando, entre otros, que con las decisiones asumidas por el ex gobernante en su gestión, el país no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional.

Carlos Mesa ve fines políticos en pedido de juicio

Mesa, que actualmente es portavoz de la demanda marítima de Bolivia contra Chile, ha denunciado que la solicitud para investigarlo tiene fines políticos y busca "evadir la responsabilidad directa" de la Procuraduría por una "desastrosa negociación" en el proceso de la empresa contra el Estado boliviano.

Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, fueron convocados la semana pasada por el Legislativo para informar sobre el caso y recibieron el voto de confianza de la mayoría oficialista parlamentaria.

Mesa señaló que la interpelación a los ministros fue un "acto adelantado de acusación" en contra suya y que se han dejado de lado "elementos claves" del proceso.

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