Juicio por genocidio contra gabinete de Sánchez de Lozada se iniciará el lunes

La Corte Suprema de Bolivia abrirá el lunes el juicio por "genocidio" contra el gabinete de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por las muertes del "octubre negro" de 2003, pero en ausencia del ex presidente y de varios acusados que huyeron a Estados Unidos y Perú.

El inicio de la audiencia está previsto para las 09:00 hora local (13:00 GMT) en una de las salas de la Corte, en la ciudad de Sucre, sede del poder Judicial de Bolivia.

Sánchez de Lozada, que gobernó en los períodos 1993-1997 y 2002-2003, está acusado de nueve delitos, entre ellos "genocidio", que en la legislación nacional se aplica a "masacres sangrientas", lo que según la Fiscalía General fue lo que ocurrió en octubre del 2003.

Esta fecha se recuerda como uno de los períodos más turbulentos de la historia reciente de Bolivia, originado por el proyecto para exportar gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile.

La iniciativa gubernamental desencadenó una frontal oposición por parte de organizaciones sindicales y de izquierda que desembocó en una oleada de disturbios antigubernamentales y una represión militar donde murieron más de 60 personas.

El otrora mandatario arriesgaría una pena de 25 años.

El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Sánchez de Lozada renunció a su mandato y se autoexilió a Estados Unidos, donde reside desde entonces.

El fiscal del caso Milton Mendoza destacó la relevancia del proceso porque será el primer juicio contra un ex mandatario constitucional a diferencia del caso del dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) que cumple una condena desde 1995.

Así, Sánchez de Lozada es el principal acusado del proceso pero la causa en su contra entrará en suspenso, sin que ello provoque una prescripción de los delitos, debido a que la legislación nacional impide juzgar en ausencia a los imputados.

En una situación similar puede derivar el proceso para tres ex ministros asilados en Perú y los otros tres que también residen en EE.UU., uno de éstos también en calidad de refugiado político.

La denuncia contra Sánchez de Lozada incluye los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.

La pena máxima que podría pesar en su contra, si se presenta al juicio en Bolivia, es de 25 años de prisión, 20 por genocidio y cinco por "la concurrencia de los otros delitos", explicó el fiscal.