Al cumplirse el cuarto aniversario de la muerte de 60 manifestantes en una protesta social, el ex mandatario boliviano enfrenta un proceso que podría concluir con 25 años de prisión.
El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue imputado este miércoles por la Fiscalía General de su país por nueve delitos, entre ellos genocidio en su modalidad "masacre sangrienta", al cumplirse el cuarto aniversario de las protestas en que murieron más de 60 personas y provocaron su renuncia al gobierno.
El fiscal general Mario Uribe presentó a la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad sureña de Sucre, la imputación contra el ex mandatario (1993-1997 y 2002-2003), sus ministros del segundo periodo de gobierno y los jefes militares de esa época.
El fiscal que investiga el caso, Milton Mendoza, dijo que los delitos por los que se acusó a Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos junto a dos de sus ministros, pueden suponer una condena de hasta 25 años de prisión.
Según un comunicado de la Fiscalía, Sánchez de Lozada fue acusado por los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
Por los mismos delitos fueron imputados ocho ministros de su gabinete de entonces, entre ellos el de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, y el de Hidrocarburos Jorge Berindoague, que también huyeron a Estados Unidos en octubre del 2003.
También por la misma denuncia serán procesados otros cinco altos jefes militares de esa época, el almirante Luis Alberto Aranda y los generales Roberto Carlos Flores, Gonzalo Rocabado, Juan Veliz y José Quiroga Mendoza.
Las protestas de entonces fueron provocadas por el descontento de los sectores sociales con un proyecto de exportación de gas natural hacia Estados Unidos, que pretendía usar puertos de Chile. (EFE)
