El ex mandatario, que dejó su cargo en 2003 tras un violento alzamiento popular, dio a entender que enfrentará el juicio autorizado por el Congreso pese a que considera difícil que el proceso sea "ecuánime".
El ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, dejó entrever, a través de un comunicado, que se someterá al juicio de responsabilidades que fue autorizado en su contra por el Congreso, pese a que considera difícil que el proceso sea "ecuánime" y "desprovisto de injerencia política".
El anuncio, la primera respuesta pública del ex mandatario tras conocerse la decisión parlamentaria, el miércoles pasado, se hizo público en una nota de prensa titulada "Verdad y Justicia" y enviada por fax y correo electrónico a los medios de prensa nacionales y extranjeros presentes en el país.
"Acudiré a ésta y a todas las instancias que sean necesarias para exigir el derecho de los bolivianos y de la historia a la más amplia, imparcial y exhaustiva investigación de los sucesos, sin privilegios de ninguna naturaleza", indicó en la nota.
No obstante, señaló que, "en el ambiente que se vive actualmente en Bolivia, no hay margen para el optimismo en relación a un juicio ecuánime, desprovisto de injerencia política".
Sostuvo además que "quienes derrocaron el poder constitucional, asestando un golpe a la democracia y a las instituciones bolivianas, ahora están participando del Gobierno y ejercen una influencia decisoria sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público", aunque no aclaró de quién se trata.
Como muestra de esta situación, se refirió a las declaraciones realizadas por el fiscal general, César Suárez, quien lo acusó de haber sustraído de forma ilegal alrededor de 22 millones de dólares de fondos reservados, antes de dimitir el 17 de octubre de 2003 y huir a Estados Unidos, donde se encuentra en la actualidad.
Tras calificar de "infamia" esta imputación y considerar que el magistrado fue "designado inconstitucionalmente" por el presidente actual, Carlos Mesa, opinó que "todos estos hechos crean fundadas dudas sobre la rectitud del proceso".
El Congreso de Bolivia aprobó el jueves pasado una resolución para poner en marcha un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y su antiguo gabinete de ministros por violación de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos durante el conflicto que el año pasado causó al menos 58 personas en choques entre manifestantes y militares.
El levantamiento popular, que tuvo su epicentro en la ciudad andina de El Alto, aledaña a La Paz, estaba dirigido contra un proyecto de venta de gas a los Estados Unidos que sería transportado en barcos desde un puerto chileno, que Sánchez de Lozada promovió.
Sobre el proyectado negocio, el ex jefe de Estado dijo al inicio del comunicado que la determinación del Legislativo boliviano "ha ocurrido el mismo día en que la empresa petrolera Shell había logrado asegurar, con sus yacimientos en Rusia, el 50 por ciento de gas natural de California y de México por 20 años".
"El otro 50 por ciento pertenece a British Petroleum, con sus yacimientos de Indonesia. De modo que Bolivia ha perdido, quién sabe si para siempre, el mercado norteamericano", que "nos hubiera permitido obtener recursos para crear empleos y construir carreteras, escuelas y hospitales".
En su mensaje, el ex mandatario repitió sus quejas porque la acusación de la Fiscalía boliviana excluye a los que promovieron las violentas protestas que condujeron a su derrocamiento.
Sánchez de Lozada fue sustituido por su vicepresidente, Carlos Mesa, en cumplimiento del orden constitucional vigente en Bolivia.
El ex mandatario recordó por último los logros de su Gobierno, antes de asegurar que los errores cometidos no fueron "nunca producto de la mala fe ni del odio agazapado en el corazón". (EFE)
