Los testimonios, que serán sistematizados y enviados a la Justicia, están vinculados con encarcelamientos ilegítimos, vejaciones y abuso de poder que el Ejército trasandino habría aplicado a la tropa.
La defensora del Pueblo de Buenos Aires, Alicia Pierini, y el legislador porteño Juan Cabandié dieron a conocer este viernes la apertura de un registro que contendrá denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas contra soldados argentinos durante la Guerra de las Malvinas, conflicto que en 1982 enfrentó a Argentina con el Reino Unido.
La presentación fue realizada por las autoridades trasandinas en una conferencia de prensa a la que asistió un grupo de ex combatientes.
"Este registro revivirá los testimonios, tanto para la historia como para hacer justicia", afirmó Pierini, quien precisó que el organismo a su cargo ha recibido una serie de testimonios que serán sistematizados y enviados a la Justicia.
Añadió que "las Fuerzas Armadas argentinas trataron a los jóvenes soldados del mismo modo en que procedieron como gobierno dictatorial con los ciudadanos en territorio continental: con cárcel ilegítima, torturas, vejámenes, abuso de poder y muerte".
Por su parte, Cabandié, hijo de detenidos desaparecidos durante la última dictadura argentina y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Buenos Aires, remarcó "la responsabilidad de las instituciones de la democracia en la búsqueda de la verdad y la justicia".
En tal sentido, declaró que los combatientes de las Malvinas "también fueron víctimas de la última dictadura militar".
Durante la conferencia de prensa, intervino el ex combatiente Roberto Lacase, quien relató que "hubo soldados torturados, simulacro de fusilamiento y hasta asesinados por sus propios superiores", además de sostener que "ahora existe seguridad jurídica" para hacer las denuncias.
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Los responsables del registro explicaron que las declaraciones recibidas se sumarán a una denuncia formulada en 2007, cuya investigación lleva un juzgado de la provincia de Tierra del Fuego.
En tal sentido, recordaron que se abrió una causa judicial a partir de tal acusación, formulada por el gobierno de la provincia de Corrientes y un grupo de veteranos de Vietnam.
La denuncia se basó en un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes y el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de esa provincia, el que recogió testimonios de 23 soldados.
El documento establece que en el archipiélago hubo al menos un homicidio de un soldado argentino, cuatro combatientes que murieron de hambre, otros diez castigados en estacas (atados de pies y manos, boca arriba) y varias torturas ordenadas por los superiores.
Cabe recordar que el año pasado la ministra de Defensa, Nilda Garré, destituyó a un oficial de la Armada presuntamente vinculado con las violaciones a los derechos humanos cometidas contra soldados argentinos en las islas Malvinas. (EFE)
