Crearon una Comisión Nacional pro Derogación de la Ley del Aborto.
También barajan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Activistas y políticos uruguayos contrarios al aborto iniciaron este jueves, apenas 24 horas después de que se aprobara una norma que despenaliza el aborto, varios movimientos para tratar de derogar la medida por "distintas vías", incluido el pedido de un referéndum.
La norma, aun no promulgada, despenaliza el aborto hasta la decimosegunda semana de gestación por la sola voluntad de la mujer, siempre que el aborto se realice bajo la supervisión del Estado y es similar a legislaciones sobre este tema ya vigentes en Cuba, Puerto Rico, Guyana y la capital de México.
El primer paso fue la creación de una Comisión Nacional pro Derogación de la Ley del Aborto, que reunirá a diversos actores sociales y políticos.
La nueva comisión, que se presentó en un acto en el que estuvieron presentes políticos de los opositores partidos Colorado y Nacional, impulsará todo tipo de medidas, la primera de ellas pedir al presidente uruguayo, José Mujica, que vete la iniciativa tal y como hizo su antecesor, Tabaré Vázquez, en 2008 con una norma similar.
"Nuestra primera acción es invitar al presidente Mujica, que ha insistido sobre el valor central de la vida en nuestra sociedad, a que actúe en consecuencia y vete esta Ley", dijo Carlos Iafigliola, uno de los portavoces del grupo, durante la presentación.
Si, tal y como anunció Mujica en varias ocasiones, no va a vetar la norma, la idea de la comisión es discutir "distintas opciones e instrumentos con el fin de derogar la Ley", sin descartar ninguna opción, como presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que la ley viola la constitución al no proteger la vida.
También se baraja la posibilidad de denunciar la medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, que establece que la vida humana comienza en el instante de la concepción, anunciaron sus portavoces.
Mientras, y de forma paralela a esta Comisión, legisladores del Partido Nacional presentaron un plan para recoger firmas e impulsar directamente un referéndum que anule la norma.
