El organismo expresó su "alarma" por los "actos de intimidación" a Ponce y a otros nueve venezolanos.
Denunció además que activistas fueron intimidados por altos cargos del Estado.
La medida cautelar del organismo beneficia sólo a Marco Antonio Ponce y no a los otros activistas.
La CIDH emitió este viernes una medida cautelar por la que instó al Gobierno de Venezuela a proteger la vida del defensor de derechos humanos venezolano Marco Antonio Ponce, y denunció que él y otras seis personas que viajaron a Estados Unidos para hablar ante ese organismo fueron intimidados por altos cargos del Estado.
En una resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno venezolano adoptar "las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal" de Ponce, activista del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC).
Además, la CIDH expresó su "alarma" por los "actos de intimidación" a Ponce y otros nueve venezolanos, de los cuales al menos seis acudieron esta semana a las audiencias del organismo en Washington, y que han sido señalados por ello por "altas autoridades del Estado", incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
La medida cautelar, que solo beneficia a Ponce y no a los otros activistas venezolanos, supone la tercera vez que la CIDH recurre este mes a ese instrumento para instar a Venezuela a proteger los derechos de activistas o presos venezolanos.
Además de Ponce, entre los otros seis activistas que acudieron a las audiencias de la CIDH y que han sido sujetos a intimidación están Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Carlos Correa, de Espacio Público; y Liliana Ortega, de Cofavic, según el comunicado.
También estuvieron Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Aurelio Fernández Cochenzo, de Transparencia Venezuela; y Feliciano Reina, de CODEVIDA, indicó el organismo.
Además de ellos, la Comisión afirma que el mes pasado fueron sujetos también a actos de "descrédito" Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Carlos Nietos, de Una Ventana para la Libertad; y Rocío San Miguel, de Control Ciudadano.
La medida cautelar concedida a Ponce afirma que "recientemente altos funcionarios del Estado habrían realizado una serie de continuos pronunciamntos públicos sobre su trabajo como defensor de derechos humanos", y pide a Venezuela garantizar que pueda ejercer su labor "sin ser objeto de violencia y hostigamientos".
