El ministro de Justicia, Luis Cordero, encabezó este miércoles la ceremonia de constitución del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), instancia mandatada para conocer, asesorar y hacer recomendaciones para la implementación del mismo.
En la sesión inaugural se presentó a sus nueve integrantes, que recibieron los antecedentes respecto a las labores ya ejecutadas por la inédita iniciativa decretada por el Presidente Gabriel Boric, que apunta a instalarse como una "política nacional permanente y sistemática" para aclarar el destino de los detenidos desaparecidos (DD.DD.), que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307.
Asimismo, se estableció un Protocolo de Recepción de Información para el plan, además de un Protocolo de Hallazgos que será integrado a las policías, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El comité sesionará cada tres meses y sus miembros irán rotando cada dos o cuatro años para dar continuidad al proceso. En tanto, el comité operativo del plan se constituirá en marzo, misma fecha en que se comenzará a trabajar en la tecnología, digitalización y uso de la Inteligencia Artificial para fortalecer las labores de búsqueda.
"Como Ministerio de Justicia, y yo en particular, recibimos el apoyo y la colaboración de todos los sectores políticos para su avance, y nos parece que detrás del Plan Nacional de Búsqueda y detrás de la constitución del comité también hay una manera de abordar de un modo compasivo pero también firme las maneras de reparar nuestras heridas del pasado", afirmó Cordero.
El ministro también relevó que "buena parte de los familiares, y por razones bastante obvias, se aproximaron al plan con cierto nivel de desconfianza, y que ellos hubiesen aceptado integrar el comité de seguimiento y participación para efectos del funcionamiento del plan, pero también de las confianzas con el Estado, es bien determinante".
DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS A INVESTIGADORES
Entre los miembros hay tres activistas designadas por agrupaciones de familiares de DD.DD. o de familiares de ejecutados políticos: Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Ida Sepúlveda, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia; y Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta.
Una integrante fue designada por las organizaciones de DD.HH. y sitios de memoria: Erika Henings, actual directora de Londres 38, espacio de memorias.
Que familiares de DD.DD. "hubiesen aceptado integrar el Comité de Seguimiento y Participación para efectos del funcionamiento del plan, pero también para efectos del funcionamiento de las confianzas con el Estado y los familiares, es bien determinante", destacó el ministro de Justicia.
"Esperamos y tenemos claro que no solamente las agrupaciones son las que tienen la obligación de hacerlo (la búsqueda), sino que quien hizo desaparecer a nuestros familiares es el Estado de Chile; por lo tanto, es el Estado de Chile el que se tiene que seguir haciendo cargo de la desaparición forzada", expresó Rivera.
Por su parte, Henings recalcó que "ha sido bien emotivo esta instancia de formalidad, porque, como digo siempre, vienen con nosotras todos los compañeros y compañeras que desaparecieron y que lucharon".
Otros dos miembros del comité son académicos e investigadores con conocida trayectoria en el estudio y difusión de los derechos humanos: Daniela Accatino, doctora en Derecho y actual decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral; y Patricio Bernedo, doctor en Historia, profesor y director del Centro para el Diálogo y la Paz de la Universidad Católica.
Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fue designada su directora, Consuelo Contreras.
Finalmente, dos miembros fueron designados por el Presidente Boric por su conocida trayectoria en la defensa, estudio y promoción de los derechos humanos: Lidia Casas, doctora en Derecho y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; y Gastón Gómez, académico de la Universidad Diego Portales y otrora integrante de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Casas se expresó "muy honrada, pero también con mucha responsabilidad por el nombramiento que ha hecho el Presidente de la República, y espero poder dar un espacio de participación y de escucha activa a las agrupaciones, pero también de colaboración".
