La repartición comenzará a funcionar en octubre próximo.
Se contactarán con los 27 mil involucrados.
Los testimonios tienen reserva por 50 años.
El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, manifestó que la futura Subsecretaría de Derechos Humanos será la encargada de evaluar el fin de la confidencialidad de los testimonios recogidos por la Comisión Valech.
Díaz explicó que la decisión se tomará después de octubre, cuando la repartición se encuentre operativa, oportunidad en la que se comunicarán con los involucrados para preguntarles si permiten la presentación pública de los casos.
"Lo que está en juego es la dignidad de las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, por tanto hay un respeto esencial que tenemos que tener con ellos por los testimonios que entregaron, muchos de ellos, amparados en la reserva de su identidad", dijo el ministro.
"Por lo tanto, la voluntad del Gobierno es que a partir de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos podamos tomar contacto con las personas para que ellos sean partícipes de una decisión en esa dirección", precisó.
De esta manera, el Gobierno respondió a la petición realizada en Cooperativa por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, de desclasificar los más de 27 mil testimonios, que tienen un periodo de 50 años de secreto.
Fries replicó a esta propuesta planteando que "el otro camino es contar con un proyecto de ley que establezca que la judicatura puede pedir antecedentes previo a preguntarle a las personas que han recurrido a la justicia si quieren que se conozca. No necesariamente se requieren las declaraciones, muchas veces se requieren los documentos originales que están en las carpetas y que no se pueden entregar".
"La gente entregó documentos originales, y en ese sentido esos documentos pueden probar, por ejemplo, que un listado de personas estuvo presa en tal parte. La justicia puede tener los antecedentes incluso bajo reserva, más que exponer a las víctimas se trata de lograr justicia", añadió.
Protesta en Valparaíso
Representantes de agrupaciones de ex presos políticos, marinos antigolpistas y amigos del sacerdote torturado Miguel Woodward concurrieron este miércoles a oficinas de la Armada en Valparaíso para pedir el fin del denominado "pacto de silencio" por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Funcionarios del recinto cerraron las puertas, pero aceptaron el documento entregado por los manifestantes, quienes pidieron dialogar con los altos mandos.
Alejandro García relató que "yo fui arrestado, secuestrado como niño el año 73. Fui torturado en frente de mi madre por el ancla 2, cobardemente en un centro de torturas en medio de Valparaíso, que es la Academia de Guerra Naval".
"Queremos denunciar eso, queremos dialogar y la Armada cierra sus puertas. Me parece un hecho cobarde, indigno", agregó.
Por su parte, Nelson Aramburu indicó que "la Armada ha sido la institución más impermeable a asumir sus responsabilidades y a entregar la información que tiene. Nosotros entregamos esta carta hoy día porque sabemos, conocemos los procedimientos y en la bitácora diaria, en cada cuartel, en cada oficina, se guarda toda la información, esa información no se destruye".
