De esta manera se cumple -fuera de plazo- la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En otra arista de la causa, el Estado de Chile podría verse condenado a pagar una indemnización a las víctimas.
La justicia abrirá investigación por causa por la que estuvo detenido el general Alberto Bachelet.
La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, resolvió el pasado 27 de junio que se iniciara una investigación en contra de los efectivos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que torturaron a varios miembros de la institución tras el golpe de 1973, entre los cuales se encontraba Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República.
Antes de retirarse del Poder Judicial, la fiscal Maldonado derivó los antecedentes a su homóloga de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien tras analizar la documentación la remitió en calidad de denuncia al ministro del tribunal de alzada, Mario Carroza, a cargo de las causas de derechos humanos, quien deberá iniciar la investigación.
De esta forma, la Justicia cumplirá la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre pasado notificó al Estado de Chile que debía perseguir las responsabilidades de los ex militares de la FACh que participaron en los apremios a sus compañeros.
De acuerdo a lo informado por The Clinic Online, la indagatoria se iniciará por los casos de Omar Maldonado Vargas, Álvaro Yáñez del Villar e Ivar Rojas Ravanal y se reabrirán las causas sobreseídas y que involucran a Ernesto Galaz Guzmán, Jaime Donoso Parra y Víctor Adriazola Meza, todos quienes estuvieron detenidos junto al general Bachelet.
Historial de la causa
El inicio de esta investigación se inicia 13 años después que un grupo de 12 ex oficiales de la Fuerza Aérea recurrieran a la Corte Suprema, con el fin de anular el proceso por sedición y traición a la patria que inició en su contra la justicia militar luego del golpe de Estado de septiembre de 1973.
A fines de 2002, el máximo tribunal rechazó el recurso, por lo que los afectados recurrieron a la CIDH, la que en noviembre pasado recomendó investigar y juzgar a los torturadores de los ex miembros de la FACh y a las investigaciones que denegaron justicia en este caso.
Para implementar las seis recomendaciones que realizó la CIDH se otorgaba un plazo de seis meses, el que venció en abril pasado, mes en que el organismo elevó la presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por lo que existe la posibilidad que el Estado de Chile entre en juicio y sea condenado a pagar una indemnización a los recurrentes.
