El máximo tribunal elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá cumplir el jefe de la patrulla militar.
Estos crímenes fueron perpetrados en la población Lintz, el 31 de enero de 1974.
Adriana Rivas, detenida en Sídney desde 2019, afronta un proceso en Chile por la desaparición de siete personas durante la dictadura.
El próximo 27 de julio se conocerá si el juez acepta o no el traslado de la "Chani".
Pedro Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli fueron sentenciados a presidio perpetuo.
El Fisco deberá pagar indemnizaciones de entre 10 y 60 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
Adriana Rivas afrontará a mediados de junio un juicio de extradición a Chile por la desaparición de siete personas durante la dictadura.
Juez de Nueva Gales del Sur determinó que no existían circunstancias que justificaran su salida de prisión.
A pesar de la decisión, el recluso no podrá volver a su casa, debido a que fue condenado por otros tres crímenes enmarcados en la "Operación Colombo".
"Esta decisión presidencial sienta un precedente muy relevante desde el punto de vista humanitario", aseguró el abogado Raúl Meza.
La persecutora pidió nombres de ministros y relatores y solicitó antecedentes de las causas de derechos humanos de los últimos 10 años.
El caso se abrió después que la presidenta de la instancia, María Luisa Brahm, revelara dilaciones injustificadas durante el periodo de Iván Aróstica.
El ex alcalde de Providencia fue condenado por aplicación de tormentos contra Henry Cohen, en 1973.
Su defensa presentó la apelación ante el tribunal de alzada, en octubre pasado.
El sondeo reveló además una baja en la aprobación del Presidente Sebastián Piñera luego de algunas semanas al alza, pasando del 21 al 19 por ciento.
El Mandatario rechazó la indicación al proyecto de indulto conmutativo, que excluye a condenados por crímenes de lesa humanidad.
A pesar de esto, el Presidente espera que el proyecto sea aprobado lo antes posible, para contener la propagación del Covid-19.
El jesuita de todos modos abogó por revisar caso a caso la situación de los militares ancianos recluidos.
Además se condenó al Fisco a pagar 350 millones de pesos a los familiares de la víctima.
El hecho ocurrió en dependencias del Ejército en 2000 ó 2001, época en que la "Mesa de Diálogo" buscaba aclarar el destino de los detenidos desaparecidos.
La orden provino del general Eduardo Jara Hallad, a la fecha director de Inteligencia de la institución castrense.
También fue condenado el ex agente de la DINA, Ciro Ernesto Torré Sáez.
El tribunal confirmó asimismo la pena de 10 años para otros ex agentes.
Son varias las querellas presentadas contra el Mandatario y otras autoridades civiles y militares por este tema.
Por el alto rango de los investigados, el jefe del Ministerio Público pidió a los fiscales "actuar con la más absoluta objetividad".
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