Entre los siete procesados está Manuel Contreras, además de un ex oficial de Carabineros.
El caso es por la desaparición de tres militantes comunistas y un socialista.
Los cuatro opositores a la dictadura desaparecieron en Villa Grimaldi.
La Justicia procesó a siete oficiales retirados por su responsabilidad en el secuestro calificado (desaparición) de cuatro opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue dictada por el juez especial Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y los procesados están actualmente en prisión, cumpliendo condenas en otras causas por violaciones a los derechos humanos.
Se trata del general Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura, que actualmente acumula condenas por más de 270 años de prisión por los crímenes cometidos por los agentes del organismo a su cargo.
Los otros procesados, que ocuparon cargos en la cúpula dirigente de la DINA, son los brigadieres Pedro Espinoza y Marcelo Moren Brito, los coroneles Rolf Wenderoth Pozo, Ricardo Lawrence Mires y Carlos López Tapia, además del ex oficial de Carabineros Gerardo Godoy García.
Las víctimas
Las víctimas del caso fueron tres miembros del Partido Comunista, José Ramón Ascencio Subiabre, Mario Quezada Solís, y Santiago Ferruz López, además de Octavio Julio Boettiger Vera, miembro del Comité Central del Partido Socialista.
Todos ellos fueron detenidos entre los últimos días de 1975 y los primeros de 1976 en distintos puntos de Santiago por agentes de la DINA, que los llevaron al centro de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi, donde su rastro se perdió para siempre.
Santiago Ferruz tenía 73 años y era jubilado; Quezada 32 y durante el gobierno de Salvador Allende se había desempeñado como secretario en la Intendencia de Antofagasta; Ascencio, de 30 años eras dirigente vecinal y Boettiger egresado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, casi 1.200 continúan registrados como detenidos desaparecidos, según datos oficiales.
