María Luisa Sepúlveda, exvicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, valoró en Cooperativa el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos presentado la semana pasada por el Gobierno, y advirtió que, por sobre los testimonios de víctimas de prisión política y tortura que podrían desclasificarse en este contexto, existe en los propios expedientes judiciales de causas de derechos humanos "mucha información que no se ha podido procesar" y que podría ser útil al objetivo indicado.
En conversación con Lo Que Queda del Día, la también expresidenta de la Fundación del Museo de la Memoria comentó que el Plan de Búsqueda, presentado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo que pretende es "encontrar información que debe trasladar a los tribunales para que éstos, finalmente, den certeza de esa información".
En esta línea, señaló que "es muy importante" que el Plan de Búsqueda también sistematice la información que ya consta en las numerosas causas judiciales: "Hay mucha información que no se ha podido procesar en los mismos expedientes, porque algunos llevan 50 años y no se han digitalizado, no se ha trabajado en la información".
"Yo creo que ahí se puede encontrar hasta más información que en las fichas Valech", resaltó Sepúlveda.
En concreto, la suma de la información de la Comisión Valech, de los expedientes judiciales y de lo que se encuentra en el Servicio Médico Legal, "con estas nuevas pericias que se están haciendo a estos restos que se encontraron en la Universidad de Chile, pueden dar algunos indicios", aseveró.
Hace algunos meses se conoció que el Servicio Médico Legal guardó en condiciones deplorables 89 cajas con huesos humanos sin identificar que pertenecen, posiblemente, a víctimas de la dictadura.
Las cajas estuvieron en posesión de la Universidad de Chile desde 2001, en un sótano que sufrió una inundación en 2014 y que contaminó los restos con hongos y humedad. Las cajas pasaron cinco años después al SML, que no mejoró sus condiciones ni emprendió desde entonces el proceso y la tarea de identificación.
Pese a lo anterior, Sepúlveda enfatizó que la mayor parte de la información aún desconocida "está en aquellos que realizaron los crímenes, no en el lado de quienes defendieron a las víctimas o que fueron testigos de los hechos que pasaron".
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DEL INFORME VALECH
Esta jornada el Gobierno reiteró su intención de levantar el secreto del Informe Valech con la finalidad de ayudar al trabajo que realizará el Plan Nacional de Búsqueda. En 2003 el expresidente Ricardo Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo del sacerdote Sergio Valech, con la idea de aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de esta clase de apremios durante la dictadura.
Por seis meses, la instancia escuchó a más de 36 mil personas y logró calificar a 27.225 como víctimas, bajo el compromiso de no hacer públicos los vejámenes que padecieron y de mantener el secreto por un periodo de 50 años.
"Para esto pedimos opinión a expertos internacionales; no fue una decisión que tomamos intuitivamente, sino que pedimos opinión autorizada y eso fue lo que se recomendó. Nosotros recomendamos 30 años, finalmente el Presidente de la época (Lagos), con el Parlamento, llegaron a (el plazo de) 50 años", recordó la exvicepresidenta.
Sobre el posible levantamiento del secreto, María Luisa Sepúlveda señaló que le parece "una buena fórmula que sea con el consentimiento de las víctimas que se haga, y para ello hay que hacer muy buenos protocolos de cuál es la fórmula".
El domingo, entrevistado en Canal 13, el Presidente Gabriel Boric enfatizó que, de aplicarse dicha alza de secreto, será con el "consentimiento explícito de quienes prestaron su testimonio" y "específicamente para los casos judiciales y la Comisión y el Plan Nacional de Búsqueda; a nadie que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad se le va a obligar ni a forzar ni a presionar".
La ministra Carolina Tohá explicó, en tanto, en CNN Chile, que uno de los objetivos es operativizar, facilitar y agilizar, mediante un sistema, la solicitud a la propia víctima o a sus descendientes de acceso al testimonio; un proceso que en este momento sería engorroso.
