La diputada comunista Carmen Hertz acusó al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, de "instalar falacias y posverdades" en relación con el proyecto de ley aprobado la semana pasada por la Cámara Baja que tipifica como delito la incitación a la violencia y el negacionismo respecto a violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
En una columna de opinión en Cooperativa.cl, la abogada deploró que su colega afirmara, en El Mercurio, que "el proyecto de ley sobre negacionismo es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y, probablemente, hará muy poco para frenar expresiones ofensivas", por lo que el Senado debería rechazarlo.
Para Hertz, "causa impacto que quien tiene un rol preponderante en un organismo de defensa y promoción de los derechos humanos se permita instalar verdaderas post verdades, a lo menos irresponsablemente, que no hacen más que causar un daño efectivo a la defensa de los derechos fundamentales".
"Esta irresponsabilidad del representante de Human Rights Watch resulta abiertamente peligrosa", añadió la parlamentaria, que afirmó que "legislar sobre el Negacionismo significa crear una herramienta que permita combatir la negación de la existencia, nada más ni nada menos, que de delitos que de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos se consideran crímenes de lesa humanidad".
Éstos son "aquellos que atentan no sólo contra la vida e integridad personal de las víctimas, sino contra la condición humana misma y su negación vulnera la honra y dignidad de las personas y el contrato social mismo que constituye la base de las naciones civilizadas amantes de la paz y respetuosos de la condición humana, por lo que socava los cimientos de toda la arquitectura de derechos humanos construida muy seriamente con muchos años de esfuerzo".
"Es falso que se sancionen ideas políticas"
La militante comunista agregó "basta revisar la normativa internacional vigente para ver que la libertad de expresión tiene límites ineludibles que están taxativamente establecidos", y afirmó que "se debe entender y despejar claramente que lo que se sanciona son las negaciones de hechos concretos".
"Es falso que se sancionen ideas y posiciones políticas, siendo aquello una de las grandes falacias que se han tratado de instalar. No existe conflicto o colisión con la libertad de expresión, pues esa aparente contradicción fue zanjada hace mucho tiempo por el Derecho Internacional", dijo Hertz.
Por otro lado, "son muchos los países que sancionan la apología al odio y la negación de crímenes de lesa humanidad: Alemania, Israel, Austria, Bélgica, España, República Checa, Grecia, Liechtenstein, Sudáfrica, Letonia y Suiza, con penas privativas de libertad que van alrededor de los cinco a diez años. Si comparamos aquello con este proyecto, no se puede hablar entonces de un discurso castigador, pues la pena propuesta para este delito en Chile sería sólo de 541 días a 3 años". A la vez, "hoy en Argentina se discute en el Parlamento un proyecto similar", enumera.
"El proyecto que tipifica el negacionismo en nuestro país sanciona las conductas que aprobaren, justificaren o negaren los crímenes internacionales consignados en los informes de las Comisiones Nacionales establecidas por el Estado, que dan cuenta de estos crímenes contra los opositores políticos y que produzcan perturbación del orden público o impidieren el ejercicio de un derecho por un tercero como el derecho a la honra, es decir es un Delito de Resultado", explica la jurista.
"No es una idea mágica"
"Esto no es una idea que aflore mágicamente en la mente de los legisladores que la defendemos, sino que (...) se trata de recomendaciones emanadas de Naciones Unidas que han adoptado países que han vivido ataques sistemáticos a los derechos humanos", prosiguió Hertz.
"Es imperativo que se entienda que no se trata de sancionar ideas ni posiciones políticas, pues de lo que se trata es de sancionar la justificación, aprobación o negación de crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en nuestro país durante la dictadura cívico militar, que están consigandos en los cuatro informes de las comisiones Rettig y Valech y que además, produzcan un resultado que es perturbar el orden público o limitar los derechos de las víctimas o sus familiares", remarcó.
Hacia el final de su extensa columna, la diputada indica que "resulta evidente que (...) legislar sobre esto no es poner una mordaza a nadie, sino que, por el contrario, significa algo éticamente necesario y jurídicamente correcto como avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de condición y dignidad humanas; (...) contribuir a la obligación que pesa sobre el Estado de Chile de cumplir con la Garantía de No Repetición; perseverar en la construcción de una Memoria Colectiva, honrar el pacto social del Nunca Más, luchar contra la impunidad, y por último, honrar el esfuerzo inclaudicable de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y no banalizar el dolor y sacrificio de aquellos".
El abogado Vivanco, en tanto, ha insistido en las últimas horas en su posición y en su llamado a que el Senado rechace el referido proyecto.
