"Hay varios desafíos y la ley obviamente no es perfecta", sostuvo en Cooperativa el director de Política Educativa, Manuel Sepúlveda.
Apuntó a elementos como restricciones o las condiciones que se ponían a los colegios particulares pagados.
"Los colegios no solo pueden, sino deben tener reglamentos internos", indicó.
El director de Política Educativa de Educación 2020, Manuel Sepúlveda, explicó en Una Nueva Mañana de Cooperativa lo que implica la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar este martes, asegurando que hay aspectos en los que la legislación "se quedó corta".
"Hay varios desafíos y la ley obviamente no es perfecta. Esta ley fue aprobada en enero de 2015, hace más de un año, y en su momento lo dijimos, creemos todavía que la ley en aspectos como, por ejemplo, las restricciones o las condiciones que se ponían a los colegios particulares pagados se quedó corta", manifestó.
Agregó que "hay elementos como, por ejemplo, la no admisión de un estudiante por razones que no tengan que ver con cuestiones como de orden familiar y que no se permitieron y, por lo tanto, ahí pensamos que la ley no fue suficientemente positiva".
"También creemos que hubo bastantes elementos que quedaron no del todo resueltos y esos son, de hecho, muchos de los que explican los grandes desafíos que tiene la ley", sostuvo Sepúlveda.
Indicó que "si uno quisiera resumirlo en tres grandes áreas, esta ley tiene desafíos, por un lado, en el apoyo a los sostenedores (...), el segundo tiene que ver con la información a las familias, esto es necesario de comprender, entenderlo, conocerlo" y, finalmente, "el apoyo a los profesores y a las comunidades educativas".
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"No se prohíbe que colegios tengan sus normas"
Sepúlveda también explicó algunas dudas respecto a la implementación de la ley en relación al aspecto de discriminación, aclarando que "los colegios no solo pueden, sino deben tener reglamentos internos y velar por la convivencia al interior de los establecimientos".
"No se prohíbe que los colegios tengan sus normas y que esas normas se refieran a uniforme, presentación personal, conducta", añadió.
Además, dio cuenta de que "la Ley de Inclusión tampoco prohíbe la suspensión o expulsión de un estudiante. Lo que exige es que esa medida se tome como un último recurso luego de un proceso objetivo que también cuente con la apelación del estudiante o de su familia".
"Y lo tercero es que en materia de vestimenta o presentación personal, los reglamentos no pueden tener sanciones que tengan que ver con suspensión o la expulsión (...) No pueden velar contra el derecho a educarse", concluyó.
