Jaime Bellolio dijo que el Ejecutivo "no podía escoger a dedo a quiénes sí y a quiénes no" dar el beneficio.
El TC consideró arbitrarios los requisitos para la gratuidad.
Indicó que entre las fórmulas para lograr este beneficio, aseveró que "la más evidente era entregar una beca de gratuidad".
El diputado de la UDI Jaime Bellolio valoró que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera parcialmente el requerimiento que presentaron contra la glosa de gratuidad para la educación superior en 2016, afirmando que el TC ha dicho el Gobierno de Michelle Bachelet "incurrió en una ilegalidad".
Se aprobó que la gratuidad se haya realizado vía Ley de Presupuesto, pero el TC consideró arbitrarios los requisitos para la gratuidad.
"Se abren las compuertas para que más estudiantes vulnerables puedan ser beneficiados. Lo que este Tribunal ha dicho es que este Gobierno incurrió en una ilegalidad, que no podía escoger a dedo a quiénes sí y a quiénes no, que estaba dejando afuera a estudiantes vulnerables por mero capricho, que estaba dejando afuera a nueve regiones del país, que estaba dejando afuera a la mayor parte de los estudiantes vulnerables que están en los centros de formación técnica, en institutos profesionales y universidades privadas", declaró.
El parlamentario gremialista añadió que "eso es lo que tiene que arreglar el Gobierno, tiene todos los mecanismos para hacerlo. Lo dijo la Presidenta de la República ayer, que iba a entregar la gratuidad, lo dijo la propia abogada de la Presidenta hoy, que tenían todos los mecanismos para entregar estos recursos".
"Lo que queremos pedirle al Gobierno hoy es que lo diga con toda claridad de que hoy no van a ser discriminados los estudiantes vulnerables, de que van a poder acceder a la gratuidad", manifestó.
El diputado Bellolio sostuvo que "lo que nosotros impugnamos es la discriminación arbitraria de esos miles de jóvenes y sus familias que este Gobierno estaba haciendo con la Ley de Presupuesto. Hoy eso ya no está".
Indicó que entre las fórmulas para lograr este beneficio, aseveró que "la más evidente era entregar una beca de gratuidad, es decir, aquella que cubriera la diferencia entre la beca que tenían hoy los estudiantes y el arancel real. Eso lo puede hacer el Gobierno".
En tanto, desde Vertebral, el consejo de institutos profesionales y centros de formación técnica acreditas, su presidente, Gonzalo Vargas, reaccionó así ante la decisión del tribunal.
"Estamos muy contentos que el Tribunal Constitucional haya acogido precisamente lo que ha sido nuestra tesis desde el 21 de mayo en adelante y que la manera de cómo se establecían los requisitos, los criterios de elegibilidad, constituían una situación arbitraria para estudiantes que están en la misma condición de vulnerabilidad entre instituciones que están igualmente acreditadas", aseveró Vargas.
"Estamos muy conformes que el Tribunal haya fallado mayoritariamente a favor de esta postura y ahora creemos que está en manos del Gobierno el poder diseñar un mecanismo de asignación de recursos que no sea discriminatorio ni arbitrario", recalcó.
