Camila Vallejo pidió al Estado intervenir universidades de grupo Laureate

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Autor: Cooperativa.cl

La diputada comunista dijo que el Gobierno "debe tomar acciones claras" pese a que todavía no se tipifique el lucro como delito.

La preocupación, añade, está en qué ocurrirá "si el grupo Laureate decide cerrar las sedes porque ya no ve posible mantener el negocio".

Camila Vallejo pidió al Estado intervenir universidades de grupo Laureate
 UNO / Archivo

La parlamentaria propuso que se nombre un administrador provisional de las instituciones cuestionadas.

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La diputada Camila Vallejo (PC), sostuvo que el Estado debiese "intervenir" las universidades que pertenecen al grupo norteamericano Laureate, tras conocerse un informe que detalla su modelo de negocios en Chile que generó diversas reacciones y dudas sobre el futuro de los estudiantes.

Desde el holding empresarial reconocieron que existe lucro con las diversas casas de estudio que controla, y que tienen en su matrícula a más de 177.000 alumnos.

Preocupación que ya fue reconocida por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien pedirá una investigación, y expresada por la diputada comunista, quien dijo que "el Gobierno, independientemente de que no esté tipificado todavía en la legislación chilena el lucro como delito, debe tomar acciones claras".

Vallejo argumentó que de ser así se debiese incluir "un administrador provisional", el que "no opera necesariamente en el grupo controlador, pero sí en las instituciones", explicó.

"Creo que desde ya se debe establecer una intervención en esa institución para evitar que se siga retirando este tipo de utilidades y además paralelamente trabajar en un plan de contingencia, porque qué pasa si el día de mañana una de estas sedes del grupo Laureate decide cerrar porque ya no ve posible mantener el negocio", cuestionó la diputada.

Las reacciones se generan en el marco de la discusión por el proyecto de la reforma en educación, en que algunos parlamentarios han pedido que quede tipificado el lucro dentro de la reforma, para evitar "vacíos legales" en el proceso.

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