Cuestionan que el Mineduc no haya informado oportunamente al plantel de su decisión.
Afirman que ésta interrumpe, además, el proceso de reestructuración en curso.
La junta directiva de la Universidad del Mar acudió este lunes a la Contraloría para cumplir con su anuncio de impugnar la decisión del Mineduc de solicitar al Consejo Nacional de Educación que decrete el cierre del plantel por las diversas ilegalidades detectadas en su funcionamiento.
Los representantes de la casa de estudios cuestionan que el Ministerio no les haya informado oportunamente su decisión de solicitar el cierre y denuncian una presunta filtración de antecedentes de la investgación interna a la prensa.
Pedro Avendaño, presidente de la junta, indicó que el cierre de la Universidad interrumpe el proceso de reestructuración ante las irregularidades cometidas por los antiguos controladores.
"Habíamos logrado recuperar los niveles de morosidad y controlarlos hasta un 40 por ciento. Hoy día lo más probable es que con esta noticia del Ministerio de Educación los niveles de morosidad nuevamente vayan al alza", dijo.
"Le hemos pedido a la rectoría que presente un plan que permita proyectar la universidad. Esto no necesariamente implica despidos masivos. Va a haber, por supuesto, una readecuación de la universidad, que debe cumplir con el marco laboral y legal vigente", indicó.
A la presentación en Contraloría acudió también el representante de los académicos del plantel, Raúl Ortiz, que consideró "inconsecuente" el actuar del Estado, que -a su juicio- no tiene "legitimidad" para cerrarlo.
"Es el Estado el que le dio autonomía a la Universidad, es el Estado el que acreditó la Universidad; (de hecho), todavía estamos acreditados nosotros, hasta diciembre de este año. Esas señales institucionales están diciendo a los estudiantes de Chile: 'Matricúlense en una universidad de está acreditada, que tiene autonomía y funcionando en regla'", dijo Ortiz.
Según el académico, el Estado "permitió que se matricularan más de 18 mil alumnos" en la U. del Mar y ahora, "cuando la cosa estalla no se hace responsable de la falta de fiscalización".
