Los estudiantes no descartan interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.
Se canceló la matricula a 37 personas por participar en tomas.
Según las autoridades de la universidad, la toma dejó daños avaluados en 200 millones de pesos.
La Universidad Central decidió expulsar a 37 alumnos que participaron de las tomas durante el primer semestre, cuando el momento más álgido se vivió en junio pasado luego que los propios funcionarios acusaran que los estudiantes los atacaron con palos y cuchillos.
Consultada sobre esta situación, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, apuntó a la autonomía que tienen las instituciones de educación superior.
"Las universidades son instituciones autónomas y, por lo tanto, deben tener reglamentos internos que rijan las condiciones que los alumnos deben cumplir", declaró.
Añadió que "cada alumno deben conocer ese reglamento y dar cumplimiento a ello".
A través del tribunal de convivencia del plantel, sus autoridades tomaron la drástica decisión por afectar el normal funcionamiento de la institución.
El organismo que tomó la decisión está formado por el director de la Escuela de Derecho, el fiscal de la universidad y el presidente de la Federación de Estudiantes del plantel, que decidieron con dos votos a favor y uno en contra cancelar la matricula a contar de 2015.
Tras esto, los estudiantes ahora no descartan interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y así poder continuar con sus clases.
Marco Belarde, presidente de Federación de Estudiantes de la Universidad Central, comentó que "la semana recién pasada se les informó del fallo del tribunal de convivencia estudiantil, el cual determinó que a finales de este años ellos tenían que abandonar la universidad, se les canceló la matrícula y no pueden seguir estudiando en la universidad en la cual ellos y sus familias han puesto sus sueños".
Plantel defendió decisión
El dirigente señaló que no todos estarían involucrados en las manifestaciones que se les acusan, sin embargo, el director de comunicación corporativa del recinto, Sergio Escobar, afirmó que sí tienen las pruebas necesarias para interponer la denuncia.
"Ellos estaban, hay una prueba concreta que es el parte de Carabineros. Segundo, ellos están siendo en este caso llevados al tribunal de disciplina por impedir el normal funcionamiento de la universidad. Este fallo es de la primera instancia de este tribunal, hay una segunda instancia a la que ellos pueden apelar y, además, está la posibilidad de gracia del rector donde ellos también pueden acudir si es que el segundo tribunal confirma el fallo", aclaró Escobar.
Según las autoridades de la universidad, la toma dejó daños avaluados en 200 millones de pesos.
