Se confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al organismo castrense entregar la información.
Son datos de oficiales que ascendieron a general entre 2002 y 2015, y que prestaron servicios en la DINA y CNI.
"Ya se saben, o sea, no es una novedad", dijo el timonel comunista Guillermo Teillier al conocer fallo.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este martes la sentencia que ordenó al Ejército entregar un listado de los oficiales que fueron ascendidos al grado de general y que prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) o la Central Nacional de Informaciones (CNI), entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Se trata de un fallo unánime, en que la Segunda Sala de febrero de tribunal de alzada confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al organismo castrense entregar la información.
La solicitud fue realizada, vía Ley de Transparencia, por el abogado Cristián Cruz, del Consejo para la Transparencia (CPLT), quien pidió acceder a la información de todos los oficiales que ascendieron al grado de general entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2015, y que prestaron servicios en la DINA y CNI.
Tras esto, el diputado y timonel de Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que "creo que ya se dio a conocer, entonces no es novedad que aparezca de nuevo. Ahora, no sé por qué lo está pidiendo la Corte de Apelaciones, por qué lo está pidiendo el abogado, pero ya está bastante claro quiénes son y el propio Ejército ha dicho el número, cuántos quedan".
"Ha avanzado bastante en relación al papel que han jugado. Ahora, sí para conocimiento de lo que ocurrió en Chile, es bueno que todas estas cosas se sepan. Pero ya se saben, o sea, no es una novedad", añadió.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, aseguró que "esta es una operación institucionalizada del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general para ocultar el nombre de aquellos sujetos que participaron del terrorismo de Estado, para ocultar el nombre, la identidad de verdaderos delincuentes, de genocidas que violaron los derechos humanos durante 17 años".
"Se evidencia una complicidad de las Fuerzas Armadas y en este caso del Ejército con los crímenes. Negarse a entregar una información que la verdad, salvo el conocimiento que tienen de lo que significa esa información, nada justifica que no la quieran entregar", agregó.
El fallo del tribunal de alzada resolvió que la información solicitada es de carácter público y no está sujeta la reserva, tal como lo planteaba el Ejército.
