El Gobierno anunció una querella contra quienes resulten responsables.
Desde la Fiscalía anuncian que investigarán a "quien sea, no importa donde trabaje".
El abogado Luis Hermosilla, contratado por el Gobierno para representarlo en la denuncia por la compra de equipos antidroga que iban a ser adquiridos pagando un 400 por ciento de sobreprecio, anunció que el día mañana, martes, va a presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos de fraude al fisco y violación de secreto.
Según indicó el jurista luego de reunirse con el subsecretario Rodrigo Ubilla en La Moneda, en el proceso de licitación de los equipos por parte de la Dirección de Estudios del Ministerio del Interior hay privados y funcionarios públicos que incurrieron en presuntos delitos.
Desde el Gobierno ya "se entregaron (a la Fiscalía) los antecedentes de una serie de personas que han estado cercanas a este proceso ilícito, que involucra tanto a privados como a funcionarios públicos", dijo Hermosilla.
En cambio, planteó, "el subsecretario Ubilla es lo que podríamos llamar 'una víctima de estas circunstancias'; él es el jefe de un servicio en el cual personas que estaban nombradas aquí han traicionado la confianza de lo que significa trabajar para el Estado de Chile"
Los ilícitos habrían ocurrido "en un nivel bastante inferior, en el cual el subsecretario no tenía ningún conocimiento ni participación", agregó el abogado.
"Me duele profundamente"
El aludido Ubilla volvió a referirse hoy al caso, donde -consultado por los emplazamientos de parlamentarios de oposición- descartó dar un paso al costado: "No he pensado en una renuncia", afirmó.
A título personal, la autoridad afirmó: "Me duele, me duele profundamente (lo ocurrido), y creo que represento no sólo el sentir del ministro y del subsecretario, sino que de la gran mayoría de los funcionarios, (el) que hoy día estemos siendo investigados respecto a una licitación que podría presentar algunos delitos bastante graves".
Por otra parte, "de demostrarse de que hay relaciones espurias entre funcionarios y empresas u otras instituciones, tanto el Ministerio del Interior como la ciudadanía, somos todos víctimas de una situación que hay que clarificar, y que desde el primer momento nosotros hemos dicho y hemos llevado el protagonismo en esta investigación", agregó.
En pos de avanzar en "transparencia", Ubilla informó que va a entregar la información de "todas las licitaciones que se hicieron desde el año 2011 hasta la fecha, que son tres, tanto a la Fiscalía como a la Contraloría".
Esto "no quiere decir que uno observe irregularidades, pero sí creo que es importante que estos órganos puedan tenerlos a la vista a fin de evaluar si todos esos procesos se hicieron apegados a la norma", sentenció.
La posición de la Fiscalía
Al caso se refirió también este lunes el fiscal nacional Sabas Chahuán. El Ministerio Público recibió el viernes la denuncia desde el Gobierno, surgida tras una denuncia de Ciper.
"A nosotros nos preocupa el hecho de que se haya cometido delito, sea de quien sea, y no tenemos amigos ni conocidos", dijo Chahuán luego de reunirse con los diputados DC Gabriel Ascencio y Ricardo Rincón a propósito de esta denuncia.
"Da lo mismo quien sea el que cometa delitos: el que comete delito tendrá que preocuparse de responder, da lo mismo donde trabaje", insistió Chahuán.
La denuncia motivó el viernes la renuncia del jefe de la División de Estudios del Ministerio de Interior, Alejandro Peña, a la que se sumó este lunes el funcionario encargado de las licitaciones irregulares, Felipe Baeza.
