El Gobierno reaccionó a la denuncia de Ciper sobre irregularidades en la compra de equipos para detectar drogas.
"Para frescos y pillos el Ministerio del Interior no tiene ninguna paciencia", declaró Rodrigo Hinzpeter.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó en un punto de prensa en La Moneda que el Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía para solicitar que se investiguen las supuestas irregularidades que denunció Ciper en el marco de una licitación para la compra de equipos de detección de drogas, que habrían implicado un pago al Estado de sobreprecios equivalentes al 400 por ciento del valor original.
Según la publicación, el Ministerio del Interior pagó un total de 1.218 millones por 52 densímetros que serían utilizados en el Plan Frontera Norte, luego de que la empresa oferente, Tecnodata, lograra abultar fraudulentamente sus precios.
"Estamos ante un tema que a nosotros nos parece de mucha gravedad. El informe habla de comisiones que se estarían pagando, de información privilegiada que el oferente habría recibido respecto de personas que estaban en el proceso de licitación", dijo Ubilla.
"Esto tiene que investigarse en profundidad. Esperamos que la Fiscalía lo acelere al máximo", añadió la autoridad, que precisó que "la denuncia es por fraude al fisco y violación de secreto".
"Esto no es menor. Si hay información que salió de la Subsecretaría del Interior –y lo digo en condicional-; si se demuestra que salió información, eso constituye un delito, y si el resultado era provocar un fraude el Fisco, está más que claro que es otro delito", expresó.
Ubilla aclaró, en todo caso, que hasta ahora "no se ha desembolsado ningún monto", porque el proceso de licitación estaba en su último trámite y debía pasar por la Contraloría. "Tampoco la empresa entregó ningún equipo, porque es0 se hace cuando se paga la primera cuota", indicó.
Sobre la renuncia de Peña
Rodrigo Ubilla no quiso referirse directamente a la renuncia del ex fiscal Alejandro Peña, que ejercía como jefe de la División de Estudios del Ministerio, con dependencia de su Subsecretaría.
Aquél tema o la especulación con otras renuncias "distrae", según Ubilla, la atención de lo más importante ante este caso.
"Lo relevante es llegar a la verdad absoluta, en aras de la transparencia", ante este caso, que reviste "la mayor gravedad", sentenció.
Sí comentó la dimisión del polémico ex fiscal el diputado DC Gabriel Ascencio: "La renuncia de Peña nos satisface a todos. Le hace un bien al Gobierno, que estaba perdido en la lucha contra la droga, que estaba fracasando. "
"Con la renuncia empiezan a enmendar el rumbo en La Moneda", afirmó el parlamentario, que se mostró suspicaz ante lo ocurrido en el Ministerio.
"¿Cómo es posible que ante sus ojos se estén pagando sobreprecios tan escandalosos? Si por algo que vale cuatro millones terminas pagando 23 ó 24 millones de pesos y aquí en La Moneda no se dan cuenta de eso. No creo que sean ciegos y no puedo permitir que se hagan los lesos", dijo Ascencio.
Ascencio y su par Ricardo Rincón se reunieron hoy con Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur que investiga la desaparición de una tonelada de droga entre la etapa de decomiso e incineración.
Pidiendo "que termine la corrupción en el Estado", Los parlamentarios solicitaron por este caso al Peña y a los subsecretarios de Salud, Redes asistenciales, Prevención del Delito e Interior, junto con los ministros de Salud e Interior.
Hinzpeter promete "mano dura"
A la denuncia de Ciper se refirió también, desde Valparaíso, el ministro Rodrigo Hinzpeter, que advirtió que su cartera actuará decididamente para castigar a los autores del intento de fraude.
"El día de hoy el subsecretario del Interior entregó toda la información que nosotros tenemos y pidió al Ministerio Público que lo investigue, porque si hay personas que se han sentido con el derecho de concertarse para defraudar al Fisco, yo quiero decir que a estas personas, sin contemplaciones y con la mano más dura que corresponda, las vamos a perseguir para que paguen con cárcel la responsabilidad por sus delitos".
"Esas personas se va a encontrar con una reacción legal que ya se ejecutó, poniendo estos antecedentes en el Ministerio Público, y se va a ejecutar posteriormente, si corresponde, con una querella criminal, porque para frescos y pillos el Ministerio del Interior no tiene ninguna paciencia", agregó.
"En el caso de estos supuestos sobreprecios puedo afirmar categóricamente que son procesos que no se han finiquitado y, en consecuencia, el interés fiscal está debidamente cautelado", insistió.
