El organismo acusó que se alteró el proceso para favorecer a funcionarios de confianza del subsecretario Alfonso Vargas (RN).
La cartera solicitó una "reconsideración" del organismo fiscalizador.
La Contraloría rechazó 13 nombramientos de jefes de departamento en la Subsecretaría para la Fuerzas Armadas, dirigida por el ingeniero y militante de Renovación Nacional Alfonso Vargas, luego de descubrir problemas de probidad respecto de los concursos para que ganaran los candidatos de preferencia de la autoridad.
Así informa este martes The Clinic Online, citando un dictamen de cuatro páginas emanado del órgano contralor a propósito de una denuncia realizada por Antonio Jiménez, de la Federación de Funcionarios del Ministerio de Defensa.
Según la publicación, en el concurso se agregaron requisitos para alterar, ilegalmente, los resultados de los nombramientos: se impusieron porcentajes arbitrarios a determinados factores y subfactores para la postulación, los que "se transformaron en condiciones que excluyeron del certamen a los postulantes que sólo cumplían las exigencias legales para ejercer las plazas concursadas".
"Además, dado que en la mayoría de ellas fueron seleccionados quienes las servían como suplentes, permite suponer que aquellas fueron dirigidas a obtener la nominación de personas determinadas", estimó la Contraloría.
Según el texto, el jefe de la División de Presupuestos y Finanzas, Gustavo Arcaya Pizarro, ejerció como "nexo con la empresa consultora que armó los perfiles de los postulantes" a los cargos, y además "participó en la elección de dos personas que trabajaron con él en la municipalidad de Papudo y que eran los suplentes en los cargos".
El organismo fiscalizador cuestionó, en último término, la legalidad formal de los nombramientos, que debieran haber sido firmados por el ministro de Defensa y no por el subsecretario Alfonso Vargas.
Consultada la Subsecretaría de Estado por The Clinic, afirmó haber pedido ya un pedido de "reconsideración" a la Contraloría.
Revocar los nombramientos implicaría "un duro traspié al afán modernizador del sector, comprometiendo su eficacia y eficiencia".
Además, y "mucho más importante, constituiría la frustración de las carreras profesionales de los trece jefes de departamentos que en la actualidad se desempeñan en sus cargos, en la confianza y el convencimiento de que sus nombramientos se ajustaron a derecho", señaló la Subsecretaría.
