El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Talca destinado a proteger la "libertad personal y seguridad individual" de "un grupo de 28 internas del Centro Penitenciario Femenino" de la ciudad, que fueron víctimas de "violentas agresiones tanto físicas como sicológicas" por parte de Gendarmería.
Según informó el INDH en un comunicado, la acción judicial también solicita el resguardo de "otras seis internas que fueron testigos de los vejámenes", ocurridos el pasado 8 de agosto pasado, luego de que, "en el contexto de un allanamiento, fueran encontrados dos cargadores de celular".
El hecho "motivó represalias por parte de Gendarmería en perjuicio de dos internas, a quienes se les revocó el beneficio de trabajar en la cocina del penal. Esto motivó el enojo de las internas, quienes se amotinaron en sus celdas, bloqueando los accesos a éstas", relató el organismo.
"Golpes con pies, puños y palos"
Ante la situación, "el grupo antimotines de la Unidad de Servicios Especiales de Gendarmería inició un operativo para sacarlas, procedimiento que, según las víctimas y los testigos, fue totalmente desmedido, debido a que habrían sido golpeadas duramente con pies, puños y palos, que les provocaron lesiones de diverso tipo. Además se hizo un uso excesivo de gas pimienta, que incluso provocó lesiones en las partes íntimas de algunas de las internas".
El INDH agrega que las internas fueron también "duramente insultadas, incluso algunas en razón de su edad y orientación sexual", y "la situación se agravó cuando muchas fueron obligadas a desnudarse ante personal masculino de Gendarmería, permaneciendo así durante un extenso periodo de tiempo".
Sumado a lo anterior, "un grupo de 10 internas víctimas de los hechos relatados fueron trasladadas sin aviso a los penales de Cauquenes y Parral, al tiempo que algunas fueron sancionadas con permanencia en celdas de castigo".
"Fines de castigo e intimidación"
El Instituto afirmó que los hechos descritos resultan "en extremo preocupantes", calificó el procedimiento como "brutal y desmedido", y advirtió que "las humillaciones, insultos y vejaciones relatadas bajo ningún contexto se enmarcan en un procedimiento con uso racional y proporcional de la fuerza, sino que tenía fines de castigo e intimidación en la población penal".
"En atención a la gravedad estos hechos denunciados, la cantidad de funcionarios/as involucrados en la agresión, las secuelas físicas y psicológicas ocasionadas en la treintena de amparadas, es que el INDH ha decidido interponer esta acción cautelar", explicó el INDH en su escrito.
