En medio del proceso, el ministerio del Interior y el Ministerio Público acusaron parcialidad de tres magistrados.
Este alegato fue desestimado por la Corte de Apelaciones.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público deben pagar un total de 2,4 millones de pesos por la recusación que interpusieron hacia el final del juicio oral del caso bombas en contra de tres magistrados a quienes acusaron de actuar con una parcialidad desfavorable para los querellantes.
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| La acción impulsada por Interior fue calificada en su momento como una "tinterillada" por los defensores. (Foto: UPI) |
El tribunal de alzada fijó, a para este episodio, en 400 mil pesos las denominadas costas que se deben pagar a cada uno de los seis abogados defensores de los imputados que participaron en el proceso: Miguel Soto, Mauricio Daza, Rodrigo Román, Julio Cortés, José Miguel Macías y el defensor penal público Claudio Aspe.
A poco de conocerse el veredicto del juicio, la Fiscalía y la cartera del Interior (querellante en la causa), solicitaron sacar del proceso a los jueces Carlos Carrillo, Marcela Sandoval y Blanca Rojas, lo que llevó a la paralización momentánea del juicio.
Los defensores acusaron una maniobra de "pirotecnia" y una "tinterillada" que buscaba sólo suspender el proceso, que para los querellantes ya se vislumbraba de término desfavorable.
En definitiva, la Corte de Apelaciones respaldó a los magistrados, y afirmó que no había ningún fundamento que probara que en sus resoluciones los magistrados actuaron por "animadversión" hacia el Ministerio del Interior y el Ministerio Público.
Tras ser reanudado el juicio, el veredicto se dio a conocer el pasado 1 de junio en forma absolutoria para todos los acusados, lo que se interpretó como un sonado fracaso para el Gobierno y la Fiscalía.
