El jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, ha estado en la polémica en las últimas semanas por su negativa a asistir a la comisión investigadora del caso convenios, pese a ser citado en dos oportunidades.
Ante a esto, la semana pasada la instancia pidió a la Contraloría General de la República que abra un proceso sancionatorio contra Crispi, quien no ha asistido -según el Gobierno- por no estar obligado al ser un funcionario a honorarios.
Para ausentarse de la sesión del pasado jueves, el jefe del Segundo Piso entregó un documento de seis carillas en que da cuenta de los detalles del programa que ProCultura pretendía ejecutar en Antofagasta, el que autorizó en calidad de subsecretario de Desarrollo Regional -cargo que ejerció entre marzo y septiembre del 2022-, no fue considerado por la instancia.
La situación fue analizado este lunes por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien afirmó que Crispi si debe comparecer ante la comisión investigadora, dado que -detalló- Contraloría estima que "uno tiene que atender a la función más que a la denominación" y que no es tan relevante la denominación de la forma contractual, porque de ser así, "sería muy fácil eludir las formas de control".
"Cualquier persona, en un estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas. Uno de esos mecanismos de control en un estado democrático es una comisión especial investigadora. Evidentemente que uno tiene que tener como mínimo una deferencia respecto de esa entidad", analizó Bermúdez en su exposición ante la comisión.
En esta línea, señaló que "no es tan relevante para efectos de derecho, pero también de deberes, la denominación que pueda tener una determinada fórmula contractual, porque sino sería muy fácil evadir los mecanismos de control".
"Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona, el señor Crispi, para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control", anunció el contralor.
Sobre la base de esa respuesta formal, la Contraloría podría dictar una resolución o fijar una postura: "Lo que corresponde procedimentalmente es que pueda formular sus argumentos para señalar por qué estarían exceptuados de este principio. ¿Puede que haya una excepción? Eso no lo sabemos, sobre todo considerando que no existe jurisprudencia de la Contraloría en esta materia", precisó Bermúdez.
Dado que no hay jurisprudencia en esta situación, eventualmente -explicó el contralor- se podría aplicar una multa de hasta 5 UTM, unos 315 mil pesos, que es la que corresponde a quienes no asistan a las comisiones investigadoras debiendo hacerlo.
Cabe recordar que la semana pasada se informó que además de Crispi, la Fiscalía de Antofagasta habría resuelto citar a declarar en calidad de imputados al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez -todos militantes de RD- en el marco del caso convenios, que indaga presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros.
CUESTIONAMIENTOS EN EL CONGRESO
La ausencia de Crispi a estas sesiones de la comisión ha sido defendida por parte del Gobierno, generando críticas desde el Congreso, tanto del oficialismo como de la oposición.
"No sé si será un blindaje, no tengo conocimiento respecto a las motivaciones. Creo que es un error por parte del Gobierno, traslada la un problema que no era problema, y lo lleva al corazón de La Moneda", advirtió el diputado socialista Marcos Ilabaca.
A la vez, su par del PPD Raúl Soto subrayó que "las defensas corporativas no tienen cabida", de manera que "vamos a pedir a la comisión que por una tercera y última vez se le cite a Miguel Crispi, y yo le pido que no espere la respuesta formal de la Contraloría. De lo contrario, si va a seguir escondiéndose en La Moneda, ojalá que cuando vuelva el Presidente Boric de China, su renuncia esté sobre su escritorio".
En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) afirmó que desde su partido mantendrá la solicitud de "rebajar a un peso el presupuesto de la Presidencia, si es que el señor Crispi no se manifiesta dentro de las 24 horas siguientes para confirmar su asistencia a la próxima sesión".
"Mientras él siga en ese cargo, la bancada del Partido Republicano no entregará un solo peso para gastos de personal en la glosa de Presupuesto referente a la Presidencia de la República", advirtió por su parte José Carlos Meza.
CONTROLES EN LOS TRASPASOS
Por otra parte, el controlador Bermúdez explicó ante la comisión que la Ley de Presupuesto actualmente vigente, en comparación a la del año pasado, tiene menos mecanismos de control respecto del traspaso de los recursos desde los gobiernos regionales a las fundaciones.
"Nosotros lo que tratamos de hacer acá, a propósito de las leyes de presupuesto del 2022 y del 2023, es hacer el contraste si hay o no un cambio en la regulación. Y es efectivo que existe ese cambio de regulación, con el añadido de la remisión que se hace a la Dipres o los instructivos que tienen que dictar los gobiernos regionales", analizó el líder de Contraloría.
"¿Eso supone que haya menos control? Bueno, es muy objetivo el requisito de los dos años de antigüedad y es muy objetivo el requisito de tener esa experiencia en las temáticas que se detallaban, y eso ya no existe hoy", profundizó.
Sin existir explícitamente ese requisito en una glosa presupuestaria, la dirección de presupuestos, durante la actual administración de Javiera Martínez, dejó esos requisitos en manos de los gobiernos regionales para el traspaso de los recursos.
