El ministro de Justicia, Luis Cordero, salió a negar la citación supuestamente ya cursada por la Fiscalía al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, para declarar como imputados en la arista Democracia Viva del caso convenios.
"No existen citaciones por parte del Ministerio Público ni al exministro Jackson, ni al asesor Miguel Crispi, ni a la directora de Presupuestos", sentenció en Radio Universo, llamando a "tener mucho cuidado cuando usted utiliza las herramientas del derecho con fines políticos".
No obstante, el diputado Juan Irarrázaval, uno de los dos militantes republicanos que se querellaron contra los implicados y solicitaron la diligencia, insistió en que "eso fue accedido por la Fiscalía que lleva a cabo la investigación".
"Les puedo leer la resolución: 'Se accede por ahora a la diligencia (...) declaraciones que se recibirán en sede fiscal en su momento'", señaló, agregando que "el acceso a la citación a declarar de Miguel Crispi llegó en un documento aparte".
Lo anterior no se puede corroborar a través del Ministerio Público, por tratarse de una investigación secreta.
Analizando el mismo documento, el ministro Cordero reforzó la precisión afirmando que "la propia reacción de los diputados republicanos reconoce que esta citación no existe, y hay una respuesta procesal que se recibirán los testimonios 'en su momento', por eso no hay citación en la actualidad".
"Me van a disculpar, pero uno no puede argumentar como un hecho consolidado una solicitud de parte interesada, porque es el querellante el que solicita una diligencia, y a partir de ese momento darla por cierta. Eso es lo grave", subrayó.
SIGUEN LAS CRÍTICAS HACIA CRISPI Y MARTÍNEZ
"Quizás no han sido notificados en los domicilios", planteó el diputado UDI Jorge Alessandri, enfatizando que por el rol clave de las autoridades en funciones en la discusión del erario nacional, "el tema de fondo es que cuando sean citados a declarar, no importa si es esta semana o la siguiente, vamos a estar todavía tramitando el Presupuesto".
"¿En qué calidad va a entrar al tribunal el jefe de asesores del Presidente de la República? ¿Es prudente que una persona que va a ser citada como imputada esté defendiendo la ley más importante del año?", se preguntó el gremialista.
Para el diputado Gonzalo Winter (CS), la información de la eventual citación "es un montaje y un engaño a la ciudadanía", puesto que "si la directora está imputada, lo estaría porque una querella de parlamentarios de derecha la ha imputado, no es la Fiscalía".
"Son de una caradura excepcional, porque el Presidente Piñera gobernó Chile en calidad de imputado por el caso Dominga, y ninguno de ellos dijo nada", fustigó el oficialista.
PIDEN SANCIONAR A CRISPI POR AUSENTARSE DE COMISIÓN ESPECIAL
Por otro lado, la comisión investigadora del caso convenios acogió la solicitud de su presidente, el diputado José Miguel Castro (RN), para pedir a la Contraloría General de la República que abra un proceso sancionatorio contra Crispi, después de que no compareciera en dos ocasiones a la instancia de la Cámara Baja.
Para ausentarse de la sesión de este jueves, el jefe del Segundo Piso entregó un documento de seis carillas en que da cuenta de los detalles del programa que ProCultura pretendía ejecutar en Antofagasta, el que autorizó en calidad de subsecretario de Desarrollo Regional -cargo que ejerció entre marzo y septiembre del 2022-, escrito que no fue considerado por la instancia.
El diputado oficialista Raúl Soto (PPD), que votó a favor de la solicitud en la comisión investigadora, consideró que su inasistencia implica "faltarle el respeto a la Cámara de Diputados y a su rol fiscalizador".
"Miguel Crispi le hace daño al Gobierno, exponiéndolo a las críticas por su cobardía y por ser incapaz de dar la cara. Eso instala dudas en la ciudadanía, y el Gobierno tiene que cortar por lo sano, sacar de una vez por todas a las manzanas podridas", emplazó.
El socialista Marcos Ilabaca, que también apoyó la petición, opinó que "fue correcta la decisión de la Comisión, en orden de enviar cada uno de los antecedentes a la Contraloría, porque tanto el señor Crispi como cualquier funcionario, tiene una obligación legal y constitucional, que él hoy ha incumplido".
Por su parte, Erika Ñanco (RD) fustigó que "hay un ánimo mucho más grande de querer atacar y perseguir políticamente a una persona utilizando una comisión investigadora para fines políticos personales", mientras que Mercedes Bulnes (Ind.-FA) señaló que "como diputada oficialista, creo que hay una búsqueda de persecución política no contra RD solamente, sino contra el Gobierno, y no creo que pueda mancharse al Gobierno por las actuaciones de determinadas personas".
La comisión continuará su trabajo el próximo lunes, sesión a la cual tiene previsto asistir el contralor Jorge Bermúdez.
