El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó este viernes su renuncia al cargo tras el nuevo informe de Contraloría, que reveló diversas irregularidades que involucran a Seremis de Vivienda y gobiernos regionales con fundaciones.
Según lo que detalló ayer el contralor Jorge Bermúdez, que expuso en la comisión investigadora del caso convenios, existen varias irregularidades detectadas y 11 Seremis están denunciadas en la Fiscalía.
En un punto de prensa, Montes abordó la delicada situación de esta cartera, asegurando -como primer punto- que no es lo mismo lo que se le reprocha al ministerio que a los gobiernos regionales, ya que en estos últimos está el 75 por cientos de casos que corresponden a montos de dinero entregados.
Además, adelantó que desde ahora se va a trabajar con más organismos públicos -Serviu y municipalidades- que con entidades privadas, disminuyendo a un 10 por ciento en el presupuesto los montos asignados para el Programa de Asentamientos Precarios para el trabajo con fundaciones.
"Los seremis pueden destinar recursos públicos a través de transferencias de fundaciones sin mucho control sobre cómo se adjudican y cómo se rinden y quiénes participan. Frente a lo cual, ya se han tomado medidas por definición política en acortar esas brechas de riesgo, y, por el momento, el ministro Carlos Montes sigue con un arduo trabajo", señaló la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC).
"Esto de transformar el informe de la Contraloría como que poco menos que no funcione nada, no es efectivo. Yo iría pensando hacia atrás, creo que había un modelo, (nosotros como ministerio) simplemente seguimos con el que venía. Lo que podríamos haber hecho es haberlo revisado y replanteado, pero en ese momento no tuvimos la conciencia, no captamos en ese momento el conjunto de forado y los riesgos que había de hechos de corrupción", señaló Montes.
En cuanto a la renuncia de sermis por este escándalo, el ministro dio cuenta que se les pide "cuando corresponde por desempeño, pero también cuando hay hechos concretos", destacando que ya han realizado esa acción.
"Yo no no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en la tarea que estoy", aclaró el secretario de Estado, que de todas maneras indicó que su salida tampoco ha sido solicitada por el Presidente Gabriel Boric.
Montes también informó que se está solicitando la restitución de más de 1.760 millones de pesos a varias fundaciones, entre ellas Democracia Viva, Arquiduc, ProCultura, EnRed, Red Integral y Comunitaria y Acción Digital de Los Lagos, esto por un convenio suscrito el 2021 en el que no se utilizó todo el dinero entregado.
Finalmente, reconoció que hay antecedentes serios de corrupción y debilidad en el sistema, las que se vienen arrastrando desde hace años.
En esa línea, el abogado de la UDI y ex intendente de Antofagasta, Pablo Toloza, reveló un delicado hecho ocurrido en el marco del caso Pro Cultura o Caso Fachadas.
"El Consejo de Defensa del Estado interpuso ante el Primer Juzgado de Antofagasta una medida precautoria con el objeto de resguardar los fondos que existían en la cuenta corriente de la fundación Pro Cultura. Al momento de ir a incautar esos dineros, se ha encontrado que no hay un solo peso, retiraron el día anterior 500 millones de pesos, esto es realmente un escándalo", afirmó Toloza.
OPOSICIÓN EXIGE LA SALIDA DE MONTES
La postura de Montes se da en medios de nuevos emplazamientos de la oposición exigiendo su salida de la cartera, una acción que por ahora se ve lejana.
"¿Qué tiene que ocurrir para que renuncie? Si ya hay actos de corrupción en todas las regiones del país, con fundaciones cuyos miembros eran militantes de partidos de gobierno y la plata se entregó por seremis nombrados por este ministro, ¿qué más tiene que ocurrir para que renuncie? Creo que el principal responsable es el ministro Montes, y evidentemente que cuando las investigaciones vayan avanzando habrán otras responsabilidades que son penales", indicó el diputado UDI Guillermo Ramírez.
El diputado José Miguel Castro (RN) planteó que "es necesario que se tomen las responsabilidades políticas y le exigimos al ministro que saque a los seremis que están involucrados en términos de no haber cumplido con los mínimos estándares para cuidar la plata de todos los chilenos".
"Es lo mínimo que debemos exigir como oposición al ministro Montes, quien también debería hacer una autocrítica y pensar si corresponde seguir o no en ese puesto", añadió.
El diputado republicano Agustín Romero comentó que "el ministro Montes goza de muchísimo prestigio y mucho respeto de nosotros, pero el ministro Montes no es una vaca sagrada. Cuando estalló el Caso Convenios, el Partido Republicano anunció el estudio de una acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson en ese entonces y contra el ministro Carlos Montes. Por lo tanto yo quiero decir que nosotros no descartamos absolutamente nada".
APOYOS OFICIALISTAS
Por contraparte, desde el Partido Socialista (PS), colectividad del titular de Vivienda, salieron a defender su rol frente a esta ofensiva opositora.
"Solicitar la renuncia del ministro Montes es un aprovechamiento político inaceptable. El ministro nada tiene que ver en los casos de corrupción. Carlos Montes es una persona seria y que ha promovido todas las medidas para que estos casos no se sigan repitiendo", destacó el diputado socialista Daniel Manouchehri.
En opinión del jefe de bancada del partido, existe "un sistema malo que viene desde el 2019 y que abre la puerta a la corrupción, como el caso de Democracia Viva en 2022 y de Arquiduc -ligada a Renovación Nacional- en 2021".
"Los informes de la Contraloría abarcan también al gobierno anterior", cerró el diputado Manouchehri.
El diputado Jaime Naranjo (PS) planteó que "este es un mecanismo que venía hace muchos años y que felizmente ocurrieron los hechos y se denunciaron en su momento, porque permitió abrir esta verdadera bolsa de gatos que existía en el país. Me imagino que el ministro Montes, a partir de los antecedentes que está recogiendo, debiera seguir pidiendo renuncias de otros seremis o de altos funcionarios del Ministerio de Vivienda".
"El ministro Montes no debe dejar su cargo, este es un problema de Estado y de falta de institucionalidad. El ministro Montes se ha encargado de ir corrigiendo estos problemas", afirmó la diputada Ericka Ñanco (RD).
Raúl Soto (PPD) dijo que "evidentemente que aquí hay un caso de grave corrupción que ha afectado al gobierno, pero que también se arrastra hace años. Hay casos que afectan también al gobierno del expresidente Piñera y de eso la oposición se tiene que hacer cargo. Debemos ser imparciales, objetivos y medir a todos con la misma vara".
