Los cuatro detenidos tras desbaratarse una supuesta red de corrupción en el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior, fueron formalizados durante la jornada de este sábado por falsificación de instrumento público, fraude al fisco y tráfico ilícito de inmigrantes.
De acuerdo a los antecedentes, se determinó que los sujetos falsificaron documentos que timbraban con sellos reales de la repartición para dar el aspecto de que eran auténticos, además de falsificar visas de trabajo y también facilitar el cobro de beneficios económicos.
Sin embargo, no se pudo determinar la existencia de una red de tráfico de inmigrantes.
La fiscal Carolina Suazo detalló que "dentro de la información que aparece de las interceptaciones telefónicas y que fueron vertidas durante la audiencia, efectivamente existían cobros de dinero asociados tanto a la falsificación de los documentos como a la presentación y, por lo tanto, al uso malicioso de esos documentos falsificados con la finalidad de obtener diversos beneficios y permisos en el Departamento de Extranjería en algunos casos".
"Y en otros derechamente con la finalidad de engañar y obtener dineros de migrantes", agregó.
El ex trabajador de la repartición Néstor Huenupán y el ciudadano colombiano Julián Herrera quedaron con firma quincenal y arraigo nacional, y el también ex funcionario del organismo César Aravena quedó con prisión preventiva y deberá pagar una multa de cuatro millones de pesos.
"Un despropósito"
Mientras que Cristián Veas, que ejercía como jefe de atención de público, quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Además, los cuatro imputados no podrán acercarse al Departamento de Extranjería.
El abogado de Veas, Diego Vergara, acusó que es un despropósito pensar que mediante un correo electrónico su defendido tenía la opción de ingresar extranjeros al país.
"No se acredita toda vez que el único autorizado legal y orgánicamente es la Policía de Investigaciones. Existe normativa expresa al efecto, por lo tanto pretender, que es lo que hizo el Ministerio Público, hacer creer que un funcionario de atención de público en una oficina mediante un correo electrónico tiene la capacidad logística, la posibilidad de autorizar los ingresos de personas, es derechamente un despropósito", aseveró.
El tribunal decretó un plazo de 100 días para la investigación.
