Sergio Núñez, ex jefe del Departamento de Administración y Finanzas fue condenado a una pena efectiva de ocho años de presidio.
Enrique Kittsteiner y Claudio Uribe cumplirán sus penas en libertad.
Solo uno de los imputados recibió presidio efectivo.
El Tribunal de Garantía de Valparaíso entregó este martes las condenas en contra de los tres ex funcionarios imputados por el denominado segundo caso de fraude en la Intendencia de Valparaíso, en la cual solo uno de los acusados cumplirá su pena en prisión.
Así, el juzgado sentenció a Sergio Núñez, ex jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, a una pena efectiva de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo por los delitos de uso malicioso de instrumento privado y malversación de caudales públicos.
A Núñez además se le otorgó la remisión condicional de la pena por fingir profesión y la falsificación de instrumento público.
A su vez, el ex jefe de gabinete de la Intendencia, Enrique Kittsteiner, culpado por cuatro delitos, recibió una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de malversación de caudales públicos, a lo que se suman 3 años y un día como autor de fraude al Fisco, aunque se le aplicó la pena sustitutiva de libertad vigilada.
En tanto, Claudio Uribe, presidente de la organización "Valparaíso Joven", acusado por uso malicioso de documento privado, fingir una profesión y malversación de caudales públicos, fue sentenciado a cinco años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de malversación de caudales públicos, aunque también se le aplicó la pena sustitutiva de libertad vigilada.
"Es una condena de ocho años de presidio efectivo respecto al principal implicado en estos hechos, Sergio Núñez, que actuó como autor y nos parece que es una condena bastante severa y un mensaje que tiene que ser escuchado fuerte y claro por la comunidad: Cualquier persona que incurra en hechos similares se expone a penas de esta naturaleza", dijo el fiscal Claudio Reveco.
"Lo que quedó establecido en este juicio, con meridiana claridad y de acuerdo a las declaraciones de los propios imputados, que parte importante de esos fondos fue a parar a campañas políticas", añadió el persecutor.
Además se estableció que entre todos los imputados tendrán que hacer un fondo solidario de 40 millones de pesos para restituir los 134 millones de pesos defraudados, mientras que para los recursos restantes se efectuará un proceso de embargo de bienes para reunir el dinero que fue a parar a campañas políticas.
