En el texto, Alejandra Sepúlveda explica el proyecto de acuerdo aprobado por los diputados.
La iniciativa fue firmada por todas las bancadas, con la excepción del Partido Comunista.
La presidenta de la Cámara Baja, Alejandra Sepúlveda (PRI) envió una carta al Parlamento argentino para detallar que todas las bancadas -excepto la del PC- aprobaron un proyecto de acuerdo en apoyo de la extradición del ex frentista Sergio Galvarino Apablaza.
La misiva fue dirigida al diputado Eduardo Fellner y al senador Julio César Cabos, a quienes Sepúlveda recalcó que la mayoría de los parlamentarios chilenos estuvieron de acuerdo con el proyecto.
La iniciativa aprobada el martes en la Cámara Baja acordó "respaldar las acciones emprendidas por nuestro país ante la Justicia y el gobierno de Argentina, con el propósito de dar curso a la extradición".
En este sentido, enfatiza que la presencia de Apablaza en los tribunales chilenos "constituye un paso ineludible para esclarecer un crimen que hasta hoy permanece impune".
El proyecto aclara que pretende "dar testimonio de la plena vigencia de la institucionalidad política y judicial que impera en Chile y, por tanto, de las garantías constitucionales que amparan a quienes deben responder ante la justicia".
Proyecto de acuerdo
El proyecto de acuerdo sostuvo que Apablaza "se encuentra procesado como autor del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Cristián Edwards del Río, ambos hechos criminales perpetrados en plena democracia" en 1991.
Por ello, el texto enfatiza que a raíz de que Apablaza salió del país en 1992 "nunca ha comparecido ante la Justicia de Chile para responder por los cargos que se le imputan", recalcando que el Estado "ha realizado gestiones pertinentes ante el Poder Judicial y ante dos Gobiernos de la República Argentina desde el año 2004", cuando se conoció el paradero de Apablaza.
El proyecto, en esta línea, sostiene que el país trasandino ha accedido en ocasiones anteriores a extraditar a personas requeridas en Chile, lo cual a juicio de los diputados reconoce que "impera el orden institucional, la igualdad ante la ley y la independencia e imparcialidad de la Justicia".
