La Fiscalía Metropolitana Sur acusa como responsables a ocho funcionarios de Gendarmería.
Sabas Chahuán espera "un veredicto positivo" para las pretensiones del Ministerio Público.
El incendio en la cárcel de San Miguel ocurrió el 8 de diciembre de 2010.
El Sexto Tribunal Oral de Santiago programó para este miércoles a las 13:00 horas la lectura del veredicto contra los ocho gendarmes acusados como responsables del cuasidelito de homicidio y lesiones durante el incendio de la torre número 5 de la Cárcel de San Miguel, que dejó un trágico saldo de 81 reos fallecidos.
La investigación se desarrolló desde el mismo día del incendio, el 8 de diciembre de 2010, hasta julio del año pasado, cuando comenzó el juicio oral, que se ha prolongado por nueve meses; el más largo desde el inicio de la Reforma Procesal Penal.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió un veredicto favorable a las pretensiones de la Fiscalía, donde el Ministerio Público solicita una pena entre los cinco y siete años de cárcel para los ocho involucrados.
"Confío en que sea un veredicto positivo, en que se valore toda la actividad que desplegó la Fiscalía y la Policía y, sobre todo, confío en que quede claro que, sea cual sea el veredicto, la investigación se llevó a cabo profesionalmente y lo más dedicadamente posible, es un caso complejo", dijo Chahuán.
En la misma línea se manifestó el jefe de la Fiscalía Sur, Raul Guzmán: "Aquí existen responsabilidades individuales, personales, frente al incumplimiento de obligaciones que tenían los custodios dentro del penal, y también aquéllos que dirigían Gendarmería, tanto a nivel del penal como a nivel regional", dijo.
"Si se condena a todas las personas a las penas que nosotros hemos solicitado, por supuesto nos entendemos satisfechos desde el punto de vista de la persecución penal del Ministerio Público, pero entendemos también que la pérdida que han sufrido las víctimas de sus hijos, de hermanos, de padres, no se va a suplir con una sentencia condenatoria", acotó.
Contra un fallo salomónico
En el proceso están acusados al ex director regional de Gendarmería, Carlos Bustos; el asesor de esa dirección, Jaime San Martín; el jefe de la unidad penal, Segundo Sanzana; el ex jefe operativo Patricio Campos, el ex jefe de turno José Hormazábal y los gendarmes Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete.
Los ocho son representados por la Defensoría Penal Pública, cuyo vocero, Pablo Gómez, dijo que "obviamente la pretensión" del organismo "es la absolución de todos".
"Esperemos que aquí no exista tampoco la lógica de que alguien tiene que responder o de una justicia salomónica, de dar un poco a cada uno para dejar contentas a todas las partes", comentó.
"Nosotros estamos súper claros de que fue una tragedia grande, que existieron 81 muertos, pero la justicia salomónica no es justicia en este caso. No se logró acreditar la negligencia. Por el contrario, se demostró que las condiciones de infraestructura (del recinto) fueron lo que ocasionó la muerte, y eso es lo que tiene que prevalecer", sentenció Gómez.
